El experto en cooperativismo, Jorge Eligio Méndez, planteó la necesidad de que por la naturaleza de las cooperativas haya una regulación especializada de las cooperativas que son esencialmente autogestionarias, tras advertir que si son medidas por el tamiz bancario se estarían decretando su extinción.
En la conferencia magistral “Propuesta Nuevo Marco Regulación del Sector Cooperativo Dominicano”, invitado por el Fondo Cooperativo para el Desarrollo Agroempresarial (Fondagro) y la Junta Agroempresarial Dominicana (JAD), Méndezconsideró que las cooperativas son reguladas y quieren ser reguladas pero con criterios prudenciales de sensatez y lógica fiscalizadora que la fortalezcan, no que la desaparezcan.
Señaló que el gran desafío de las cooperativas se centra en la profunda transformación del marco legal, a la luz de las nuevas tendencias económicas y sociales, que les permitan adaptarse a un entorno propicio para su desarrollo sostenible, sostenido y sustentable.
El primer vicepresidente del Consejo Nacional de Cooperativas (CONACOOP) y administrador general de la Cooperativa de Ahorros y Créditos de Herrera (Coop-Herrera), consideró que con el reforzamiento del instrumento jurídico se redefine la incidencia pública de las Cooperativas en el ámbito comunitario.
Entiende que con la generación de un proceso legal innovativo en la concepción del sistema regulatorio del acto cooperativo se procura su diferencia material del acto de comercio, lo que vendría a afianzar la autonomía del Derecho Cooperativo.
Es de opinión que la injerencia del Estado en las cooperativas debe ser estrictamente como contralor público de legalidad y los organismos confederativos y federativos para reforzar su incidencia hacia la cultura organizativa de autocontrol cooperativo.
Méndezconsideró que hay que asegurar un régimen impositivo que preserve la naturaleza de las organizaciones cooperativas para lo que se requiere una redefinición del perfil normativo, a los fines de que haya coherencia y convergencia de la actividad legislativa en torno a las cooperativas con entidades de interés social del Estado.
El experto consideró que ese cambio de modelo implica el ejercicio de una voluntad política con una visión de desarrollo orientada hacia la plena valoración del ser humano.
En su conferencia, realizada en la sede del Fondoagro y de la JAD, destacó como positivo la constitucionalización de las cooperativas en la Carta Magna del 2010, consolidándose el “Estado Social y Democrático de Derecho” con el tácito reconocimiento de principios cooperativos hacia la institucionalidad.