La Asamblea Revisora de la reforma constitucional no pudo escapar ayer durante los debates, de las incoherencias y adulonerías; del manido tema de la ética y la moral; del legado de los tres líderes políticos de más reciente desaparición que ha tenido el país, pero que en su momento fueron también vilipendiados; y mucho menos de las denuncias de compra de conciencia.

Las denuncias sobre el supuesto soborno a diputados para que aprobaran la reforma constitucional que daría paso a la reelección presidencial, desencadenaron los demonios en el Salón de la Asamblea Nacional, y fue preciso la intervención de la presidenta de la misma, Cristina Lizardo, para pedir respeto y comedimiento; y del vicepresidente Abel Martínez, para pedir a los que tengan pruebas, presentarlas ante la Comisión de Etica de la Cámara Baja.

Testigo de excepción. El diputado Jorge Frías (PRM) aseguró fue objeto de intento de soborno; que sabe quienes de sus colegas cambiaron su discurso a favor de la reelección tras ser “comprados” por funcionarios del Gobierno, y se puso a disposición del Procurador General de la República para que lo investigue y él revelar los nombres. Dijo incluso estar dispuesto a someterse a una prueba poligráfica.