El experto en derecho constitucional Eduardo Jorge Prats afirmó ayer que tanto la Junta Central Electoral (JCE), como la Cámara Administrativa de ese organismo “extralimitaron” sus funciones al restringir la expedición de actas de nacimiento a determinados ciudadanos.

Señaló que el ejercicio de derechos constitucionales como los que derivan del derecho a la personalidad jurídica y del ejercicio de los derechos ciudadanos, no pueden ser limitados  por la vía reglamentaria o administrativa como lo han hecho el Pleno de la JCE con su Resolución 12-2007, y la Cámara Administrativa con la Circular 017.

Según Prats, “hacerlo implica que están asumiendo competencias que el contribuyente ha asignado claramente al legislador”.

Afirmó que sólo por ley del Congreso Nacional se pueden establecer limitaciones al ejercicio de derechos fundamentales, siempre y cuando sean limitaciones razonables y no alteren el contenido esencial de los derechos constitucionales establecidos en el artículo 8.5 de la Carta Magna.

“Es evidente, por tanto, que la JCE y el Presidente de la Cámara Administrativa se han extralimitado en el ejercicio de sus atribuciones y, en consecuencia, tanto la circular como la resolución son inconstitucionales por violar la reserva de ley y establecer, por demás, límites inconstitucionales a los derechos fundamentales de las personas”, manifestó  Prats en declaraciones para HOY.

La supuesta inconstitucionalidad de la disposición de la Junta Central Electoral  con relación a la expedición de actas viciadas, es sostenida también por algunos jueces.

Las claves

1.  La Circular 017
 Prohíbe a los oficiales del estado Civil expedir actas que contengan irregularidades, y remitirlas a la Cámara Administrativa, quien procederá de acuerdo con la ley.

2.  La Resolución
Dispone la suspensión provisional de la expedición de actas del Estado Civil que contengan irregularidades o vicios, y su remisión a la Comisión de Oficialías para su investigación y depuración.