Jorge Prats defiende firmeza del PRD ante pretensión de crear un Constitucional natimuerto

Jorge Prats defiende firmeza del PRD ante pretensión de crear un Constitucional natimuerto

A juicio de Eduardo Jorge Prats, experto en derecho constitucional y adjunto de la dirección de Institucionalidad y Justicia de la Unidad de Políticas Públicas del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), el ministro de la Presidencia, César Pina Toribio, “está equivocado cuando afirma que el PRD quiere entorpecer la integración del Tribunal Constitucional y controlar el aparato judicial”.

“Muy por el contrario –afirma el especialista que integró la Comisión de Juristas que elaboró el proyecto de reforma constitucional- el PRD históricamente siempre ha estado del lado de la constitucionalidad y en esta ocasión, como lo hizo tras el histórico pacto entre Miguel Vargas y Leonel Fernández que destrabó una reforma constitucional secuestrada por las divisiones internas al interior del Partido de la Liberación Dominicana (PLD),”.

Expuso Jorge Prats que “cumpliendo sus responsabilidades como primera fuerza política del país, lo que busca precisamente el PRD es que el Congreso Nacional respete la voluntad de la Asamblea Nacional Revisora que estableció el Tribunal Constitucional como el intérprete máximo de la Constitución”.

Expresó que el PRD ha sido coherente con el pacto firmado entre Miguel Vargas y Leonel Fernández, el cual establece no sólo la prohibición de la reelección presidencial consecutiva sino también la creación de un Tribunal Constitucional que controle la constitucionalidad de los actos de todos los poderes públicos sin excepción, lo cual incluye obviamente al Poder Judicial.

“El PRD es un defensor de la Constitución; si hay un partido que ha entorpecido la integración del Tribunal Constitucional es el PLD, que mutiló un proyecto de Ley Orgánica del Tribunal Constitucional que había sido consensuado por los mejores constitucionalistas y procesalistas del país para adecuarlo a las ambiciones de poder de quienes entronizados en la judicatura pretenden seguir controlando de modo impune las decisiones del aparato judicial”, puntualizó.

Afirma el constitucionalista que la conformación de un Tribunal Constitucional es “una decisión política al margen de la cual no pueden estar los partidos ni mucho menos nuestro PRD, que forma parte del Consejo Nacional de la Magistratura y que propuso la creación de este Tribunal desde el momento mismo de su fundación en 1939”.

“La defensa del Tribunal Constitucional y de sus potestades es la segunda revolución constitucionalista desde 1965 y es la que permitirá que nos beneficiemos de una segunda ola de reformas judiciales, que permitan democratizar el menos democrático de los poderes, que es el Poder Judicial, y que viabilicen controlar los desmanes y arbitrariedades no solo del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo sino también de una judicatura que, si sigue sin control constitucional como ahora, devendrá en un poder absoluto que corromperá la nación absolutamente”, expresó.

Por otro lado, afirmó que “el PLD tendrá que acostumbrarse a consensuar en la Cámara de Diputados las leyes orgánicas que requieren una mayoría agravada, consensos que no pueden efectuarse al margen de la Constitución ni para satisfacer ambiciones personales desmedidas”.

Defendió la posición del PRD de no asistir al debate convocado por el Presidente porque, a fin de cuentas, independientemente del consenso técnico de los juristas, se requiere un consenso político sin el cual no será posible un Tribunal Constitucional verdaderamente independiente y efectivo.

“Toda reforma requiere un consenso técnico, un consenso social y un consenso político, y aquí está haciendo falta un consenso político que permita lograr una Ley Orgánica del Tribunal Constitucional que respete la Constitución y que evite que el Tribunal Constitucional devenga en órgano inefectivo e inoperante, un natimuerto como lo desean las altas instancias del Poder Judicial en connivencia con algunos dirigentes del PLD y contrario a lo que expresó la sociedad civil en la consulta popular y lo que refleja el consenso técnico de la gran mayoría de los constitucionalistas dominicanos”.  

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