El experto en derecho constitucional, Eduardo Jorge  Prats, discrepó ayer de los grupos empresariales que opinan que el proyecto de reforma constitucional, entre otras cosas,   coarta el ejercicio del derecho a la propiedad y convertiría al Estado en un competidor real del sector privado.

Consideró que la crítica de los sectores empresariales a la economía social de mercado consagrada en el proyecto es injustificada, afirmando que la propuesta de reforma constitucional “concilia perfectamente” la economía libre de mercado con los requerimientos impuestos por la cláusula del Estado Social.

Señaló que el principio de subsidiaridad consagrado por el artículo 197 del proyecto de Constitución viene a indicar que el Estado, más que convertirse en un competidor,  interviene si y solo si el sector privado no tiene los recursos para satisfacer adecuadamente las necesidades de la sociedad.

“El reconocimiento de la subsidiaridad es una protección constitucional del sector privado más que una amenaza, pues si no estuviese consagrado entonces el Estado intervendría en la economía aunque el sector privado pueda prestar eficientemente los servicios públicos o las prestaciones exigidas”.

Agregó que por demás, la propuesta de reforma no se casa con un modelo económico, sino que  establece un sistema de  economía social de mercado basado en los pilares de la propiedad, la libre empresa y la justicia social.