POR TANIA HIDALGO
El presidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Subero Isa, aseguró ayer que el agravamiento de las penas no resolverá el crecimiento de la ola delictiva que afecta al país, tras indicar que estos fenómenos son complejos y necesitan de la atención coordinada de todos los componentes del sistema de justicia y especialmente de mucha prevención.

Afirmó que en ningún lugar del mundo el Poder Judicial es un instrumento de prevención del delito, ya que su misión es sancionar a los violadores de la ley.

“Los jueces deben garantizar la seguridad jurídica, pero la seguridad ciudadana es obra de otros actores, especialmente en el ámbito del Poder Ejecutivo, como la Policía y el  Ministerio Público”, puntualizó al ser entrevistado en el Programa de televisión de la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS), que conduce su vicepresidente Servio Tulio Castaños Guzmán.

Agregó Subero Isa que hay estudios que demuestran que la prevención del delito no está asociada con la cantidad de la pena que se vaya a imponer a una persona por violar la ley.

“He dicho más de una vez que no conozco a nadie que en nuestro país haya estado preso por 30 años. Se aboga porque se aumenten las penas, pero ¿se van a cumplir?”, se preguntó el presidente del máximo tribunal de justicia.

Consideró asimismo que la proliferación del delito está íntimamente ligada con las condiciones que prevalecen en la sociedad, como la falta de oportunidades de los jóvenes.

A su juicio es evidente que la presencia de la Policía y las autoridades es un elemento de la disuasión para la comisión de los delitos, por lo que, dijo entender, debe incrementarse la vigilancia y el patrullaje para evitar que siga creciendo el delito en el país.

Señaló que es incorrecto lo que se hizo el año pasado cuando se trató de atribuir la ola delictiva a la vigencia del Código Procesal Penal.

El país está observando que el nuevo Código Procesal Penal está rindiendo frutos, porque es un instrumento idóneo para que los casos de corrupción, narcotráfico y seguridad ciudadana sean prontamente juzgados y se comienzan a ver las primeras sentencias sobre los inculpados, lo que se hace rápidamente, en comparación con el viejo procedimiento criminal que implicaba años para el conocimiento de algunos casos.

“Si se hubiera mantenido vigente el viejo Código de Procedimiento Criminal, los actos de corrupción hubieran quedado sin sanción por más de cuarenta años”, manifestó.

Al referirse a la corrupción a lo interno del Poder Judicial, reconoció que existen actos de corrupción entre jueces, aunque precisó que en el último período se ha avanzado en la sanción a este tipo de casos, suspendiendo o expulsando a más de 20 jueces en los últimos años.

La Dirección de Carrera ha dado seguimiento al cumplimiento de la declaración jurada de bienes y el Departamento de Inspectoría Judicial está realizando una labor constante para investigar las denuncias que se realizan sobre el comportamiento de los jueces, añadió.

Dijo que corrupción no es sólo recibir dinero por sentencias, sino el uso del amiguismo, el tráfico de influencias y aceptar presiones de familiares.

De igual manera sostuvo que el perfil del juez idóneo ha variado, porque hace 25 años se tenía la visión de que el juez era un esclavo de la ley, dando lugar a que no atendiera los aspectos relativos al derecho y la justicia implicados en cada caso.

Consideró que el juez no puede ser un exegeta de la ley, sino que debe procurar que la justicia impere de manera pronta y cumplida, por lo que se necesita superar la visión de que sus manos están atadas a lo que la ley le ordena.