El 7 de abril se celebra el Día Mundial de la Salud, cuyo lema para este año es “Mi salud, mi derecho”, para hacer conciencia frente a los desafíos que enfrenta el goce y disfrute del derecho fundamental que tienen las personas de acceso a los servicios de salud integral y de calidad.

La salud no solo consiste en estar libre de una enfermedad, sino que es un estado completo de bienestar físico, mental y social. Está vinculado a una serie de derechos cuya realización hace posible la materialización de otros, es decir, que si no fueran protegidos en forma oportuna los primeros ocasionarían la vulneración o amenaza de los segundos, como son el derecho de acceso a agua potable, a la alimentación, a un ambiente sano, a un entorno laboral y familiar adecuados, los cuales en su conjunto garantizan el preciado derecho a la vida.

A pesar de los avances, millones de personas no cuentan con acceso a los servicios mínimos de salud ya sea por sus condiciones socioeconómica o de desigualdad, la salud se encuentra amenazada por causas atribuibles a las personas y a la naturaleza.

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Las Constituciones de la mayoría de los países garantizan ese derecho fundamental, pero no se establece el cómo hacerlo ni mucho menos el acceso a servicios de salud de calidad, particularmente para las personas en estado de vulnerabilidad

Según investigación presentada por la Alianza por el Derecho a la Salud (ADESA), los hospitales municipales y provinciales del sistema de salud dominicano están afectados de grandes carencias de equipos, baja inversión estatal, limitación para el acceso a medicamentos, déficit del personal de salud e injerencia política, así como se identifica un alto costo de los medicamentos, un déficit de dos mil médicos y de alrededor de diez mil profesionales de la enfermería.

República Dominicana muestra indicadores preocupantes como son los altos niveles de muertes maternas y la mortalidad neonatal, no obstante contar con el artículo 61 de nuestra carta magna, el cual reconoce que “toda persona tiene derecho a la salud integral”, y le asigna al Estado la responsabilidad de velar por la protección de la salud de todas las personas, así como el acceso al agua potable, el mejoramiento de la alimentación, de los servicios sanitarios, las condiciones higiénicas, el saneamiento ambiental, así como procurar los medios para la prevención y tratamiento de todas las enfermedades, asegurando el acceso a medicamentos de calidad y dando asistencia médica y hospitalaria gratuita a quienes lo solicitan, por lo que su violación es justiciable y exigible.

Otra amenaza para este año es la gran afluencia de casos de dengue, debido a las altas temperaturas y las lluvias, por lo que se ha convertido en una preocupación tanto para el país como para la región, debido a los ciclos recurrentes y sus manifestaciones, por lo que en esta semana se lanzó la “Jornada Nacional contra el Dengue”, donde se llamó la atención de la población a integrarse en la prevención, acciones de descacharrización, fumigación, orientación a la población y diagnóstico oportuno manteniendo los entornos libres de criaderos de mosquitos.

Este derecho inclusivo, prestacional y de desarrollo progresivo es exigible y justiciable, y su violación desprende otras vulneraciones a derechos humanos fundamentales como son la vida, la integridad física, la protección de las personas en minoridad, la seguridad social, el libre desarrollo de la personalidad y el derecho al amparo al tenor de la sentencia del Tribunal Constitucional TC/213/19, la cual ordenó a una aseguradora de salud otorgar la cobertura completa del seguro médico internacional a un infante de ocho meses.

Atentar contra la salud de las personas equivale atentar contra la vida.