Es tanto lo que se ha mentido del caso que resulta difícil explicar la verdad. Más difícil es aceptarla. Mucho antes de ocurrir la tragedia que costó la vida a tantas personas en la comunidad fronteriza de Jimaní, la situación migratoria era crítica debido a la corrupción gubernamental imperante en ambos lados de la frontera.

La queja de todo un pueblo atrapado era generalizada. Dar fin al contrabando de personas y mercancías era un reclamo como el pan nuestro de cada día. Se oían denuncias de consulados haitianos clandestinos. De tráfico de drogas y de estupefacientes. De tala de bosques. De exportación clandestina de madera y carbón. De importaciones ilegales de arroz y otros rubros agrícolas. De contrabando de mercancías. Sin control de Aduanas pasaban ilegalmente ropa usada en fardos y bebidas alcohólicas. Había un resentimiento popular en contra de la influencia de algunas autoridades haitianas sobre las dominicanas. Hasta los motoconchistas dominicanos habían sido desplazados por haitianos. Los comercios más florecientes eran de haitianos. Los hoteles pertenecían a ciudadanos haitianos. Barrios haitianos enteros brotaban por doquier en Jimaní a la vista cómplice o indiferente de las autoridades civiles y militares dominicanas. El centro del poder político en Santo Domingo nada veía, decía o hacia. Hasta se rumoreaba en la zona del ejercicio de una religión vudú próspera y pujante, acompañada de ritos estrambóticos.

Es atrevido hacer un símil de este degradante panorama que prevalecía en la comunidad de Jimaní antes de ser devastada por las aguas del Arroyo Blanco con Gomorra y Sodoma, cuyos fuegos celestiales bíblicos arrasaron con ellas como castigo divino. Los muertos de ahora no tienen la culpa. Pero hoy muchos dominicanos hipócritas lloran la tragedia de Jimaní que no deberían llorar, si no estar arrepentidos de sus hechos.

Ahora es imposible revertir las fuerzas de la naturaleza que provocaron la tragedia que segó tantas vidas, que destruyó tantos trabajos acumulados representados en la construcción en humildes viviendas y de pequeños huertos agrícolas con el desbordamiento relámpago, rápido, certero, fuera de su lecho, seco, de las aguas embravecidas del Arroyo Blanco (Río Soliette en Haití) que tuvo como meta tétrica la destrucción de la comunidad fronteriza de Jimaní. Este dolor irreversible afectará a toda la sociedad dominicana por mucho tiempo.

Pero lo que si puede hacer ahora el pueblo dominicano y sus autoridades gubernamentales, -hoy mismo, sin pérdida de tiempo-, es que no se tome como pretexto esta horrible devastación territorial para internacionalizar esta tragedia abriendo una puerta migratoria, al clasificar como refugiados haitianos a los miles de tradicionales indocumentados, por presión de representantes de embajadas extranjeras y de funcionarios de organismos internacionales radicados en el país con la aviesa intención de iniciar una avalancha de nuevos inmigrantes haitianos hacia territorio dominicano. Que los funcionarios diplomáticos haitianos no digan por la prensa dominicana de abrir campos de refugiados en nuestro territorio integrados por haitianos, bajo la protección de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Estos funcionarios haitianos quieren convertir la zona de Jimaní devastada en otra Gaza palestina llena de haitianos. Una vez establecidos los campos de refugiados en territorio dominicano bajo control internacional perderíamos para siempre nuestra soberanía territorial.

Debemos los dominicanos mantenernos alertas a trampas de funcionarios extranjeros para no ser sorprendidos por esos intereses que son verdaderos mercaderes de nuestra soberanía nacional. Muchos de ellos vienen disfrazados en Organizaciones No Gubernamentales (ONGS), financiados por países que quieren forzar una solución final del problema de explosión demográfica haitiana con su absorción excedente a la República Dominicana y no en los países que ellos representan.

Hoy la República de Haití tiene un gobierno salido de un golpe de Estado y ocupado militarmente por miembros armados de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), cuyas tropas francesas, norteamericanas y canadienses, son las que marcan el paso político, social y económico en la vecina nación. Nos preguntamos con toda inocencia, )sabrá un soldado brasileño, chileno o argentino ordenando y mandando en territorio haitiano distinguir si esta Isla de Santo Domingo esta integrada por dos naciones diametralmente diferentes, soberanas e independientes?

La nación dominicana tiene muchos enemigos y tontos útiles dentro y fuera del país. Enemigos que solo piensan en destruir la nacionalidad dominicana a favor de sus intereses económicos o religiosos. La caridad cristiana de algunos curas católicos fronterizos no debe enredarse en las patas de dos nacionalidades diferentes como la dominicana y la haitiana.

En estos momentos de tragedia nacional no perdamos la serenidad que se requiere para enfrentar una situación catastrófica como la ocurrida a la comunidad de Jimaní. Si no actuamos con inteligencia, honestidad y transparencia, marginando las tradicionales hipocresías gubernamentales, esta puede ser aprovechada para beneficio de los males dominicanos que acechan momentos como estos. E insisto en que se conozca la verdad: que antes de la tragedia ocurrida en Jimaní que hoy enlutece a todos, muchas de sus autoridades civiles y militares habían permitido una ocupación territorial ilegal casi completa en la zona dominicana afectada por el fenómeno natural de ciudadanos haitianos indocumentados, estimando nosotros durante un recorrido que hicimos por ella alrededor de la orilla del Lago de El Fondo hasta llegar a Mal Paso, en junio del año 2002, recuperando padrones fronterizos que habían desaparecidos sumergidos en sus aguas-, que de cada tres habitantes de ese territorio nacional, uno solo era dominicano y dos eran nacionales haitianos indocumentados contrabandeados por esas autoridades dominicanas y haitianas inescrupulosas y corrompidas que permiten la violación continua de la Constitución de la República Dominicana y de sus leyes.

La política de dominicanización a todo lo largo de la línea fronteriza iniciada en 1936 por el dictador Rafael Leonidas Trujillo, creando comunidades viables con sus centros urbanos y sus asentamientos agrícolas como el existente en Jimaní, para garantizar el respeto del territorio dominicano no es más que un buen chiste o una pesada broma ahora para muchos políticos, militares, empresarios y religiosos que hoy depredan esa zona abandonada.