José B. Gautier – Responsabilidad migratoria refractada

José B. Gautier – Responsabilidad migratoria refractada

No fue difícil para el Poder Legislativo refractar su responsabilidad constitucional disponiendo en el Senado de la República, mediante la nueva Ley de Migración, que fuera el Presidente de la República, la persona encargada de otorgar amnistías para favorecer los delitos migratorios que se cometen en el país, regularizando mediante un simple decreto de amnistía (no por una ley de amnistía específica) el perdón a la situación delictiva de los inmigrantes ilegales que viven impunemente en territorio dominicano, al margen de la Constitución y de las leyes.

Ambigüedad jurídica extrema: Unidos el crimen y el perdón. Amalgama del mal y del bien. Confusión. Caos. Locura. La misma persona que debe velar por que se respeten y se cumplan las leyes de la nación dominicana, bajo juramento por su alta investidura, no debe ser quien perdone a los infractores extranjeros de esas leyes mediante un «Decreto de Amnistía». Así no hay un balance entre los tres poderes del Estado.

Esta irreflexiva actitud del Congreso Nacional en no asumir la responsabilidad migratoria puesta a su cargo, señalada expresamente como atribución constitucional en su artículo 37, inciso 9, nos dejó anonadados y perplejos, conociendo nosotros el avieso proceder histórico de cada Presidente en materia migratoria de los últimos años de vida republicana y democrática, especialmente con el tráfico ilegal de haitianos indocumentados.

Más inverosímil resulta la solución alcanzada en esta circunstancia con la escogencia del Presidente de la República para conceder la nacionalidad dominicana a miles de delincuentes que la han vulnerado. Pero no será fácil esta vez para el apoderado Poder Ejecutivo ser juez y parte en el conflicto migratorio, siendo un secreto a voces, que el principal causante del mismo drama es el propio Presidente de la República, ya sea por comisión u omisión. La triste realidad de los últimos años nos señala que la figura presidencial es la más descalificada para otorgar perdón o amnistía a los haitianos que residen ilegalmente en el país. Es como si la iglesia Católica pusiera sus intereses religiosos en manos de Lutero.

Observa. Hasta el día de hoy y a lo largo de muchos años a partir de diciembre de 1966, cuando el Presidente Joaquín Balaguer firmó con el presidente vitalicio Francois Duvalier, un inmoral y corrupto acuerdo internacional llamado «Sobre la contratación en Haití y la entrada en la República Dominicana de jornaleros temporeros haitianos», para trabajar en tierras bajo reforma agraria estatal sembradas de caña por un término de cinco años, la hemorragia migratoria de ilegales haitianos no ha cesado con la venia del Poder Ejecutivo.

Al término de este acuerdo, todos los presidentes de la República que han ejercido el poder, de una manera u otra, han violado la Constitución, las leyes migratorias y la ley de dominicanización del trabajo absorbida por el Código de Trabajo, relacionado con trabajadores ilegales haitianos, tanto en el sector público como en el sector privado.

Recordemos el adefesio jurídico llamado «Contrario Dominico-Haitiano de Reclutamiento para el CEA (1978-1979)», para importar braceros haitianos, suscrito durante el gobierno del Presidente Antonio Guzmán. Entre las indelicadezas de este absurdo documento fue establecer que su gobierno nombrará supervisores e inspectores haitianos de la embajada en Santo Domingo, cuya misión disfrazada, era obligar a la fuerza y el terror a los haitianos reclutados a trabajar como bestias en la industria azucarera socializada, a través de ton-ton macutes, pagados como verdugos por el Estado dominicano.

La teoría de la época en ese despertar democrático frustrado por el despotismo continuista, era que siendo la industria azucarera estatal la espina dorsal de la economía dominicana, y eje sostenedor de la corrupción gubernamental, -aliado el dominicano junto a gobiernos dictatoriales haitianos corrompidos y sanguinarios,- se podía explotar y esclavizar a los nacionales haitianos ilegales residentes en el país para beneficio del Estado Dominicano, los compradores de azúcar norteamericanos, y los gobiernos corrompidos de ambos lados de la isla. Esta dantesca situación violatoria de los derechos humanos de los trabajadores haitianos trabajando en la industria azucarera estatal fue en síntesis lo que denunció el Presidente Jean Bertrand Aristide en el Foro de las Naciones Unidas, en la ciudad de New York. Una opinión pública manipulada desde el poder rechazó entonces las acusaciones.

¿No fue incluido, acaso, el uso indiscriminado de mano de obra ilegal haitiana para el corte de la caña en la política de privatización de los ingenios y las tierras del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), para garantizar la rentabilidad de las inversiones de los nuevos propietarios privados? ¡Sin haitianos no hay azúcar!

¿No es la idea latente o leitmotiv a todo lo largo del articulado de la nueva ley de migración garantizar a los inversionistas dominicanos y extranjeros una inagotable cantera de mano de obra haitiana dócil, sumisa, depauperada, enferma, hambreada, muda, que pueda ser importada indefinidamente a territorio dominicano para ser utilizada para generar riquezas a los grandes capitalistas, bajo la mirada indiferente de la autoridad que debe hacer cumplir la leyes de la nación puesta a su cargo? ¡Sin haitianos no hay producción económica dominicana!

Cuando las oleadas de nuevos inmigrantes haitianos importados para uso, -no solo de los zares de la industria azucarera de la construcción, del turismo, de las zonas francas, de los terratenientes del café, del cacao, del tomate, y del arroz,- si no también para uso a nivel popular y democrático de cualquier dominicano que necesite contratar un trabajador haitiano como chofer, guardián, cocinero, jardinero y masajista, se radiquen en el país haciendo caso omiso a los contratos de trabajo y a las leyes,- que fácil será para el Presidente de la República de turno, regularizar su ilegalidad simplemente emitiendo otro nuevo Decreto de Amnistía.

Todo sucedió como si fuera un «putsch» político consensuado entre conspiradores para disolver la nacionalidad dominicana.

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