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La Fiscalía del Distrito Nacional y el Ministerio de Salud Pública arribaron a un acuerdo con los imputados José del Carmen Cruz, Miguelina Martínez Adames, Michael José Cruz, Ana Luisa Cruz y Felipe Jesús Santos, a quienes se le imputa los delitos asociación de malhechores, falsificación de medicamentos, violación a la Ley General de Salud y lavado de activos provenientes de actividades ilícitas graves.
José del Carmen Cruz y Felipe Jesús Santos se declararon culpables de los hechos, mientras que con relación a los demás imputados el Ministerio Público retiró la acusación en vista de su colaboración en el proceso de investigación.
El acuerdo establece que al imputado José del Carmen Cruz, en virtud de un penal abreviado, se le solicitará una condena de 10 años de prisión con cumplimiento de la pena condicional, en el entendido de que posee complicaciones médicas como insuficiencia renal crónica y diabetes según lo certifica el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF).
Con relación a Felipe de Jesús Santos, acusado de complicidad, la sanción solicitada por la Fiscalía del Distrito será de un año de prisión.
De conformidad al acuerdo, el imputado José del Carmen Cruz no podrá dedicarse a ninguna actividad vinculada al sector salud durante un periodo de 10 años. Además, se le cancelaran los registros mercantiles y permisos para operar en el sector salud de 15 empresas, entre ellas: Centro de Diagnóstico Guaricano S.R.L, ExportPharma S.R.L, Guifar S.R.L, Yomifar S.R.L., Credijones Constructora Inmobiliaria S.A., entre otras.
Por igual el imputado le condonó a título de indemnización una deuda que tienen sus empresas de 10 millones 481 mil pesos al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social.
En lo que respecta al decomiso de bienes, todos los medicamentos secuestrados por el Ministerio Público, tanto vencidos como por vencer, quedarán decomisados para proceder a incinerar los medicamentos y en con referencia a los equipos utilizados para fabricación de los productos farmacéuticos la Fiscalía dispondrá de ellos según su consideración y la del Ministerio de Salud.
La Fiscalía determinó que el 51.5 por ciento de los bienes eran de origen ilícitos y que en tal sentido se decomisarán en beneficio del Estado para ser distribuidos conforme a la Ley de Lavado de Activos. Se retuvieron más de 100 millones de pesos en certificados financieros, 14 inmuebles y 7 vehículos.
