El ministro Administrativo de la Presidencia, José Ignacio Paliza, habló hoy sobre la denominada Operación Coral que lleva a cabo el Ministerio Público, de la cual dijo que el Gobierno no se involucrará en las decisiones que tome la Procuraduría General de la República.

La respuesta de Paliza llega sobre la pregunta acerca de las especulaciones que los recientes operativos llevados a cabo por el Ministerio Público responden a órdenes desde el Palacio Nacional contra funcionarios del Gobierno de la pasada gestión.

«La primera actitud del presidente Abinader fue esa, desprenderse un poco de su poder, de las prerrogativas que se le otorgan al Poder Ejecutivo, y designar un Ministerio Público que tuviera esa consideración y esa categoría… Hoy el Ministerio Público tiene ese grado de independencia, nosotros no nos involucramos en sus decisiones. No nos hemos involucrado cuando han perseguido a dirigentes políticos de la oposición, como tampoco cuando han colocado a algunos dirigentes del Partido Revolucionario Moderno en situaciones difíciles e incómodas«, dijo Paliza, quien también se desempeña como presidente del PRM.

Paliza dijo además que en las reuniones que acostumbran a hacer junto a Luis Abinader, el primer mandatario ha llamado a sus funcionarios a «actuar sobre los pasos firmes, sobre senderos que no sean escarpados, haciendo las cosas dentro del parámetro de la ley».

«Hemos tenido el cuidado de no opinar, me refiero a la dirigencia principal del Gobierno y del Partido Revolucionario Moderno; por eso  hemos sido muy cuidadosos al tratar este tema para que no se confunda», explicó el funcionario en una entrevista en el programa El Despertador, que se transmite por SIN en respuesta a la supuesta persecución política por los casos que ejecuta el Ministerio Público.

El Ministerio Público lleva a cabo una serie de investigaciones contra el general Adams Cáceres, quien fuera jefe de seguridad del expresidente Danilo Medina, y a la pastora Rossy Guzmán, los cuales están señalados de distraer fondos del Estado a través de personas que figuraban en nóminas públicas sin trabajar y recibían un pago mensual a cambio de ser prestanombres obtener una pequeña suma de dinero y devolver entre el 80 y el 90% de lo cobrado, cada mes para ser distribuido entre los miembros de la organización.

Además, establece el Ministerio Público, el uso de organizaciones religiosas como escudo, en «una maniobra propia del crimen organizado que busca disfrazar operaciones de lavado de activos millonarias, a través de objetivos nobles, manifestaciones que se repiten desde la Italia marcada por la mafia, como la Colombia golpeada por el narcotráfico y el México de hoy que libra una batalla contra el crimen organizado».

La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) ha denominado las investigaciones como Operación Coral, y tanto para el general Cáceres como para la pastora Guzmán piden un año de prisión preventiva y que el caso sea declarado complejo.