BUENOS AIRES. Una adolescente de 14 años, embarazada de nueve semanas tras ser violada por su padrastro espera este viernes con ansiedad un fallo de un alto tribunal, luego de que un juez le prohibiera realizar un aborto, pese a que la ley argentina lo autoriza en estos casos.

Tras descubrirse el embarazo el 9 de noviembre pasado en el hospital de Salta, la niña y su madre pidieron que se le realizara un aborto pero un juez de familia lo impidió y ordenó además que luego del nacimiento entregara el bebé en adopción.

Se estima que la medida podría ser revertida por la Suprema Corte de Salta, considerada una de las provincias más conservadoras del país, según dijo a la AFP una fuente judicial salteña que pidió anonimato. «Vamos contrarreloj.

Este caso reúne todos los requisitos para entrar dentro del aborto no punible», dijo.

La fuente consideró que «el juez se excedió en sus funciones porque declara la inconstitucionalidad de esa ‘Guía de aborto no punible’, y además omitió que en julio pasado la Corte de Salta ya la declaró constitucional».

Para impedir el aborto, el juez de familia de Salta Víctor Soria hizo lugar a un amparo presentado por una asesora de menores en defensa de «los derechos del niño por nacer», pese a la opinión contraria de otro asesor de menores.

«Hay un juez que está obligando a mi hija a tener un hijo que no quiere. Es algo horroroso», dijo al diario Página/12 la madre de la víctima. Ideología patriarcal .

El 9 de noviembre pasado la mujer sorprendió a su pareja violando a la niña en su casa, en un barrio empobrecido de las afueras de Salta, la capital provincial.

La mujer detuvo el ataque sexual, pero el hombre les propinó una paliza a ambas por lo que la niña terminó en el Hospital Público Materno Infantil de Salta, donde se descubrió el embarazo y tras lo cual ellas pidieron su interrupción.

En un fallo del 17 de diciembre, el magistrado no sólo impidió el aborto sino que ordenó que al término del embarazo la niña entregue el bebé en adopción.

«Cuando se trata del cuerpo de la mujer y el poder de decisión sobre su cuerpo, empieza a jugar una ideología patriarcal, machista que es mayoritaria en la sociedad y la iglesia», dijo a la AFP Mabel Gabarra, una abogada militante de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto, Legal, Seguro y Gratuito.

La decisión del juez fue apelada por una ONG salteña que agrupa a abogadas que defienden los derechos de la Mujer, y por el gobierno provincial, alineado con la presidenta Cristina Kirchner, quien impulsó medidas vanguardistas como el matrimonio igualitario pero se opone a la legalización del aborto. Un caso no aislado.

«Esto ha sucedido en otras partes del país, a pesar del fallo de la Corte Suprema de marzo de 2012», dijo Gabarra.

En marzo de 2012, la Corte Suprema argentina autorizó el aborto para las víctimas de violación sin necesidad de acudir a un trámite judicial, porque éste suele prolongarse hasta superar las 12 semanas de gestación en las que ser autoriza la práctica.

No obstante, cada provincia elabora un protocolo o guía y el de Salta obliga a la víctima a presentar una denuncia judicial, lo que en este caso se había sido llevado a cabo.
La provincia de Salta, de 1,2 millones de habitantes y fronteriza con Chile, Bolivia y Paraguay «es una de las provincias más conservadora, donde la Iglesia (católica) tiene mucho poder, es la única provincia donde los niños reciben una educación religiosa obligatoria», señaló la letrada.

«Tenemos una justicia conservadora, una iglesia retrógrada pero seguimos luchando por el aborto legal», dijo Gabarra quien considera que pese a que «es un tema tabú, la conciencia de la sociedad ha crecido».

En Argentina se realizan 700.000 abortos clandestinos por año, según las ONG partidarias del aborto, mientras que el ministerio de Salud cifró los casos en 470.000 en 2009.

Unas cien mujeres al año mueren por complicaciones tras realizarse estos abortos clandestinos.