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El único que se beneficia del caos político que ha provocado el intento de instaurar la Ley de Lemas es el presidente Hipólito Mejía, porque él se quiere quedar en el poder «a rajatablas», consideró Juan Sully Bonnelly, ex presidente de la Junta Central Electoral (JCE).
Durante su participación en el almuerzo del Grupo de Comunicaciones Corripio manifestó que la reelección lleva a cometer barbaridades como la reforma a la Ley Electoral para introducir la Ley de Lemas, ahora llamado Voto Preferencial Presidencial.
«Eso es lo que yo condeno, ese deseo, esa ambición de grupos de mantenerse en el poder indefinidamente, porque no dudo yo que se cambie la Constitución en el futuro para que el Presidente pueda reelegirse las veces que quiera», precisó Bonnelly, quien presidió la JCE en el período 1997-98.
En tal sentido, vaticinó que en el país podría colapsar el estado de derecho, porque «estamos en riesgo de situaciones que nos van a perjudicar a todos, por este proceso de crisis ocasionada principalmente por los desmanes de un sector que quiere mantenerse en el poder».
Recomendó a la Cámara de Diputados que asuma su primario rol de representar a los ciudadanos, los cuales en su mayoría rechazan la Ley de Lemas porque es perjudicial para la institucionalidad del país y a la sociedad civil que se mantenga vigilante «ante situaciones en las que grupos de poder pretenden perpetuarse en base a legislaciones funestas como esta».
[b]¿QUÉ ES?[/b]
La Ley de Lemas, un método mediante el cual varios candidatos políticos pueden optar por un mismo cargo en la boleta de un mismo partido, fue utilizado en Uruguay y actualmente en algunas provincias de Argentina.
En el país fue propuesta inicialmente por la vicepresidenta Milagros Ortiz Bosch, precandidata presidencial del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), como vía de solución a la crisis que en ese partido ha generado el deseo continuista del presidente Mejía.
En el PRD crecieron las controversias por la escogencia del candidato presidencial, ante la anulación, por parte de la Junta Central Electoral (JCE), de la convención encabezada por Hatuey de Camps y el aplazamiento de la que dirige el Proyecto Presidencial Hipólito (PPH) por supuestos visos de fraude.
Esta semana Tirso Mejía Ricart, director ejecutivo del Consejo Nacional para la Reforma del Estado (CONARE), sometió a la Cámara de Diputados un proyecto de ley denominado Voto Preferencial Presidencial, que para muchos es la misma Ley de Lemas, en el cual la sumatoria de votos sería para el partido, y no para él o los candidatos.
Pero anteriormente, el diputado perredeísta Henry Serraf sometió un anteproyecto de Ley de Lemas, cuando apenas faltan cuatro meses para las elecciones presidenciales.
Representantes de la sociedad, del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y otros grupos se oponen a ambas propuestas por entender que contravienen los principios constitucionales.
