La Asociación Jueces Dominicanos para la Democracia (Judemo), rechazó de manera «firme y enérgica» las declaraciones «dadas por miembros del Ministerio Público, en las personas de los procuradores
fiscal de Santiago, Osvaldo Bonilla, la de la provincia Duarte, Smailey Rodríguez y el procurador
general adjunto, Wilson Camacho, quienes, a través de sus pronunciamientos en distintos medios de
comunicación, lesionan e ignoran el Estado de derecho, las reglas del debido proceso,
el principio de separación de funciones y la independencia judicial».

A continuación el comunicado íntegro de Judemo

Judemo se refiere a las afirmaciones realizadas por: 1ro.) El procurador fiscal de Santiago, Osvaldo
Bonilla en un programa de televisión, en el que cuestiona una decisión jurisdiccional de la jueza Yiberty
Marín Polanco Herrán, por imponer medidas de coerción de las dispuestas en la norma distintas a la prisión,
así como la variación de medida de coerción impuesta por el juez Job García Hurtado;2do.) La procuradora fiscal de la provincia Duarte, Smailey Rodríguez en el mismo programa, cuestionando la decisión jurisdiccional del juez Darvin López que impone medidas de coerción distintas a la solicitada; y 3ro.) El procurador general adjunto, Wilson Camacho, quien, en declaraciones a la prensa escrita con ocasión de la variación de medida dictada por la jueza Yanibet Rivas, señaló que:“…este país es el único en el mundo en el que el debido proceso y la lógica solamente aplica para beneficiar a los procesados por casos de corrupción…”. Constituyendo esta última, una afirmación injuriosa en contra de todos los jueces del país.

Debemos recordar que:

1) Esos jueces actuaron en el marco que les confiere la ley.
2) Las decisiones de los jueces se atacan por medio de recursos.
3) La normativa procesal penal consagra un catálogo de medidas de coerción además de la prisión
preventiva, todas con carácter excepcional y que exigen el examen particular en cada caso.
4) Las medidas de coerción son instrumentos para garantizar la presencia de un imputado en el proceso y
no sanciones sobre aquellos a quienes la Constitución les reconoce un estado de presunción de
inocencia.
5) La ley dominicana no contempla el debate o contradicción de casos en los medios de prensa,
estableciendo con claridad que es en las audiencias fijadas ante los tribunales, que de forma oral y
contradictoria se presentan y discuten los argumentos de derecho; y finalmente,
6) El ordenamiento jurídico nacional cuenta con procedimientos de control de las actuaciones
jurisdiccionales y éticas de los jueces y fiscales, normativa que se reputa conocida.

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El proceder delos procuradores Osvaldo Bonilla y Smailey Rodríguez, lanzando ataques y acusaciones a los magistrados Yiberty Marín Polanco Herrán, Job García Hurtado y Darvin López, y del procurador adjunto, Wilson Camacho, realizando expresiones injuriosas en contra de la magistrada Yanibet Rivas y de todos los jueces que componemos el Poder Judicial, resquebraja la institucionalidad e independencia de este Poder del Estado, su autonomía y la majestad de la justicia, principios y valores que defenderemos siempre, máxime si los juzgadores han obrado en ocasión del poder que les ha sido delegado de dictar decisiones jurisdiccionales en nombre de la República.

Reiteramos nuestra preocupación en cuanto al daño que es capaz de producir abandonar el orden legal e
institucional, sustituyéndolo con prácticas populistas que se apartan de las reglas del debido proceso y que afectan significativamente las relaciones institucionales, la independencia judicial y el clima de seguridad jurídica de la nación.

Invitamos a los procuradores antes señalados, a seguir utilizando sus reconocidas competencias en la
persecución penal y el fortalecimiento de su institución, sin acudir a estas prácticas populistas de uso de
medios de comunicación para emitir acusaciones graves, difamatorias e injuriosas en contra de quienes
integran la judicatura, pues esta conducta además de afectar al Poder Judicial y a la nación, afectan la
respetabilidad y dignidad que conlleva su calidad de miembro del ministerio público.

Finalmente, instamos al Consejo Superior del Ministerio Público, órgano que ejerce el control disciplinario
sobre representantes, reforzar, mediante cursos de formación, el debido comportamiento ético de estos
miembros del ministerio público; así como, recordarles a los procuradores fiscales Osvaldo Bonilla y
Smailey Rodríguez y al procurador adjunto Wilson Camacho, lo dispuesto en Ley Orgánica del Ministerio
Público (Ley 133-11) en los artículos 79, 85 y 91. 1 Jueces Dominicanos para la Democracia (JUDEMO), comparte plenamente que la labor jurisdiccional esté sujeta al escrutinio público,como garantía de transparencia y legitimidad, reconociendo en los medios un papel vital para la consecución del Estado de derecho. Lo que censuramos es el uso incorrecto de estos medios en el caso de los procuradores fiscales de Santiago y Duarte, al utilizar el programa televisivo “El Informe” del día 5 de diciembre de 2022, como si fuera el escenario judicial donde se impugnan válidamente las decisiones jurisdiccionales sobre casos que aún se encuentran en etapa preparatoria o de investigación; y en el caso del procurador general adjunto, Wilson Camacho, al realizar declaraciones totalmente injuriosas y dañinas en contra del Poder Judicial en pleno. Reiteramos estar en disposición para que las relaciones del ministerio público y los jueces sean armoniosas y en ellas siempre reine un clima de respeto, concordia, colaboración y compromiso institucional con la democracia, la justicia y el Estado social y constitucional de derecho.
Dado en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, a
los ocho(8) días del mes de diciembre del año dos mil veintidós (2022).