Jueces de distintas instancias advirtieron ayer que la querella interpuesta en la Procuraduría General de la República (PGR) por dos diputados del Partido Revolucionario Dominicano (PRD)  contra el exconsultor jurídico del Poder Ejecutivo, Guido Gómez Mazara, en la que lo acusan de tramar la muerte del presidente del PRD, Miguel Vargas  Maldonado, deberá ser declarada inadmisible, puesto que se trata de un dirigente político sin jurisdicción privilegiada.

Magistrados de tribunales de primera instancia y de Corte, quienes pidieron el anonimato, indicaron que si se quería realizar una  querella responsable, lo correcto era depositarla en la Fiscalía del Distrito Nacional, que es la instancia que corresponde. Tres jueces, entrevistados por separado, coincidieron en opinar que  no se puede seguir utilizando al  Ministerio Público para cuestiones que a todas luces parecen políticas.

 Señalaron que esto amenaza la institucionalidad del Ministerio Público  y   lesiona la justicia, a la que ponen a decidir en casos como este.

En tanto, un juez dijo que habría que ver si el imputado conversó sobre el tema con alguien que tenga inmunidad parlamentaría, porque de ser así, el caso podría llegar a la Procuraduría General. De lo contrario, explican, tendrá que apoderar a la Fiscalía de la Capital.

Jurista  cree violaron  derechos.  El abogado Julio Cury reafirmó que a Pepe Goico y a Guido Gómez Mazara les violaron su derecho constitucional a la privacidad.

 Explicó que el secreto de las comunicaciones telefónicas y de otras formas de comunicación privada únicamente puede vulnerarse cuando resulte indispensable para la recolección de evidencias en una investigación criminal con fines judiciales.

 “En virtud del artículo 14 del Reglamento de Vigilancia e Interceptación Electrónica de Comunicaciones, del 13 de noviembre del 2003, las grabaciones deben presentársele a la persona afectada cuando se haya iniciado el proceso en su contra, mediante su sometimiento ante los tribunales de fondo. Nunca antes, so pena de violársele su derecho de defensa”, sostuvo.

 Declaró que pese a la prohibición,  las conversaciones de Goico con Pierre Kanzki, y la de Guido con Leo Adames, fueron divulgadas públicamente.

“Por eso, los responsables de hacerlo, de conformidad con el artículo 337 del Código Penal, se hicieron reos del delito de atentado contra la intimidad de la vida privada”.

 Afirmó que el fiscal debe transcribir lo dicho, como evidencia del caso.