POR LEONORA RAMÍREZ S.
«No podemos tapar el sol con un dedo y decir que estamos bien preparados para enfrentar la situación de los menores en reclusión, pero esperamos que con los programas de capacitación que se aplican los sectores involucrados realicen un trabajo acorde con el nuevo código del menor», refirió el magistrado Bernabé Moricete.

El juez de la Corte de Apelación de Niños, Niñas y Adolescentes de La Vega se refirió en esos términos, al analizar las dificultades que podría tener la aplicación de la Ley 136 con un sistema carcelario, aún en el área de menores, que contradice la dignidad humana que promueve el citado código.

«Tendríamos que asumir la idea de que en el esquema organizacional del nuevo código, necesariamente tendrán que mejorar esas condiciones», refirió al participar en el almuerzo del Grupo de Comunicaciones Corripio.

El magistrado añadió que «todos aportaremos nuestro granito  de arena para que los encargados de esas instituciones, los centros de privación de libertad, estén a tono con los dictámenes de la Ley 136”.

A su juicio, el incremento de los recursos a esas instancias, que recibirán el 2% del Presupuesto Nacional y el 5% del presupuesto de los ayuntamientos, mejorará las condiciones de atención de los mismos.

RECLUSION NO, REEDUCACION SI

En el país existen pocos centros de reclusión de menores y estos no tienen capacidad física para albergar a los menores que infringen la Ley.

Santo Domingo, San Cristóbal y La Vega son ciudades donde funcionan cinco reclusorios.

Cuestionado sobre la necesidad de abrir otros centros de esa naturaleza, el juez Juan Sabino Ramos, del tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes de San Pedro de Macorís, expresó que lo importante es la prevención y reeducación, no la prisión.

«La cuestión no es si hay suficientes cárceles, es si el país está interesado en elaborar el aspecto de la reeducación del menor de edad, porque la prisión es la medida de excepción que se ha de tomar”.

«En la regeneración no está exenta la familia. Lo mejor sería que el país prepare las instituciones que se necesitan para lograr que el menor que delinque se reinserte sin problemas en la sociedad», agregó.

A su juicio, el Consejo Nacional de la Niñez (CONANI) y la Procuraduría General de la República, juegan un rol muy importante para lograr esos objetivos.

MANUTENCION DE MENORES

Sobre la manutención de los hijos, el magistrado Francisco Pérez Lora, juez de la Corte de Apelación de Niños, Niñas y Adolescentes, del Distrito Nacional,  expresó que la Ley 136 le otorga competencia para conocer de las demandas en provisiones alimentarias a favor de menores, en las salas penales de los tribunales de niños, niñas y adolescentes.

«Anteriormente, la Ley 14-94 expresaba que era el tribunal de niños, y en su defecto el Juez de Paz, el que debía conocer estos casos. De hecho, la Suprema Corte de Justicia decidió que lo siguieran haciendo los juzgados de paz debido a que en todos los municipios hay instancias de ese tipo», dijo.

Respecto a las obligaciones alimentarias, hay muchas novedades, según Pérez Lora, ya que la sanción se mantiene y es de dos años en caso de incumplimiento del padre o la madre.

«Y en lo relativo a las demandas a favor de las personas que tienen discapacidad física y que son mayores de edad, la obligación de la familia continúa porque se trata de individuos que no pueden valerse por sí mismos», refirió.