POR ROSA ALCÁNTARA
El miembro suplente de la Junta Central Electoral (JCE), Jorge Eligio Méndez Pérez, dijo ayer que tiene conocimiento que algunos de los miembros titulares del organismo se “rifaron” los cargos de oficiales del Estado Civil para nombrar a personas que les fueran obedientes. Méndez Pérez sostuvo que los oficiales civiles ahora dependen de quienes los apadrinaron.

Al ser nombrados en esos cargos en esa condiciones, dijo, únicamente obedecen a los intereses de esos funcionarios de la JCE.

Indicó que los miembros de la JCE pretenden sancionar al oficial de la Doceava Circunscripción del Estado Civil, Luis Felipe Rodríguez, pero entiende que este funcionario dijo la verdad.

Rodríguez, oficial del Estado Civil de la Décimo Segunda Circunscripción de Santo Domingo Este, dijo el pasado fin de semana que históricamente las oficialías son instituciones de enriquecimiento para los funcionarios. Sugirió que la JCE les asigne sueldos fijos cuya dignidad los incentive para preservar el cargo.

Méndez Pérez dijo que Rodríguez tomó una iniciativa “que muchos oficiales quizás han querido pero no han podido, porque el primer elemento que hay que tomar en cuenta es que las Oficialías del Estado Civil constituyen feudos. Anteriormente las Oficialías pertenecían a partidos los políticos y ahora son feudos que pertenecen a algunos jueces de la JCE”.

Méndez Pérez dijo que sólo uno de los miembros de la JCE no participó en la supuesta rifa por el control de las oficialías del Estado Civil. No quiso decir el nombre de ese funcionario.

Tampoco mencionó a los supuestos miembros de la Junta que presuntamente se rifaron las oficialías.

Sostuvo que los actuales oficiales civiles fueron escogidos por la JCE durante una reunión. “Lo que hicieron, dijo, fue que echaron las oficialías en una tómbola y cada miembro de la Junta sacó una y en esas oficialías del Estado Civil entonces están personas que obedecen a los intereses de los miembros de la JCE, exceptuando el caso de un magistrado que por razones de prudencia se salió de esa sesión y no permitió de manera particular o general, como yo digo, ese genocidio de intereses económicos que priman en lo que tiene que ver con la oficialía del Estado Civil”.

Méndez Pérez, profesor de Derecho de Persona y Familia en las universidades Pontificia Madre y Maestra (PUCMM) y la Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU), advirtió que mientras las oficialías de Estado Civil estén controladas por personas que están directamente vinculadas con los miembros de la JCE, los oficiales no obedecerán a la ley sino a la autoridad del nepotismo de quienes los han nombrado.

Méndez Pérez consideró que si se quiere transparentar la situación la JCE, que tiene autonomía y poder para reglamentar, debe buscar cómo revisar esos “feudos del Registro Civil”.

Estimó que el presidente de la JCE, Luis Arias, le falta el respeto a Rodríguez cuando se refiere a él como “ese señor”.

Sostuvo que el respeto que Rodríguez tiene en la comunidad donde desarrolla su trabajo social tiene que ser tomado en cuenta por la JCE.

Sostuvo que la JCE no puede tener ninguna preocupación sobre la cantidad de dominicanos sin identidad, ya que esa entidad es la que tiene “el sartén por el mango”. Entiende que Rodríguez no ha dicho nada nuevo sino que ha tenido el coraje de poner el dedo sobre la “llaga” y de establecer de una manera clara y contundente situaciones que algunos jueces en un modo particular o general se han hecho de la vista gorda.

Dijo que en este momento más de dos millones de dominicanos no tienen identidad, no cuentan en las estadísticas, no están documentados, no tienen nombre, situación que solo contribuye a aumentar el índice de pobreza en la República Dominicana.

“Porque en el momento que no haya un número exacto de personas dentro del registro formal del Estado, los organismos del Estado no pueden trazar políticas con una verdadera calidad de información”, sostuvo.

Méndez Pérez, entrevistado por HOY en su oficina privada, consideró que la JCE lo que debe ahora es mandarle una carta de encomio al oficial Rodríguez por el trabajo decente, prudente y de calidad que ha estado realizando en uno de los sectores más marginados de Santo Domingo, en Los Mina.

Asimismo, consideró que en el país no se puede hablar de modernización y automatización de las oficialías de Estado Civil, cuando son pocas, de las 158 existentes, las que tienen un local adecuado.

Sugirió que los recursos que gastan los miembros de la JCE en viajes al exterior se usen para tratar en la medida de lo posible de resolver el problema de los inmuebles de las oficialías.

Manifestó que la JCE como sustentadora de la democracia del país no puede negarse pretendiendo aplicar una sanción a Rodríguez porque dice la verdad. Indicó que ningún artículo de la ley 659 sobre actos del Estado Civil establece que el oficial del Estado Civil pueda ser sancionado por lo que ha dicho.

Dijo que la presidencia de Juan Sully Bonelly en la JCE se llegó a hacer un trabajo sobre la categorización de las oficialías para que la Junta, conforme a los ingresos de cada una de las oficialías, fuera paulatinamente dándoles salarios, “pero luego cuando se dan cuenta que esas modificaciones no le dan beneficios económicos a terceros entonces se dejó sin efecto”.

Propone que se les fijen los sueldos a los oficiales pero luego que se haga un estudio, ya que la situación de las oficialías varía en cuanto al servicio y a la cantidad de personas que acuden.