POR TANIA HIDALGO
El Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional rechazó anoche incorporar 50 pruebas documentales y testimoniales contra el co-imputado Jesús María Troncoso Ferrúa, así como tres auditorías en perjuicio de los demás imputados en el fraude del Banco Intercontinental (Baninter).

 Asimismo, el tribunal presidido por el magistrado Antonio Sánchez Mejía e integrado además por Pilar Rufino y Yisselle Méndez, ordenó un receso de la presente audiencia hasta el martes 28, a  fin de  que las partes preparen sus conclusiones, cuya primera ponencia estará a cargo del Ministerio Público.

El miércoles 29 le tocará el turno a los actores civiles, el 30 a la defensa técnica de Ramón Báez Figueroa, el viernes 31 a los abogados de Luís Alvarez Renta,  mientras que el lunes tres de septiembre a la defensa de Marcos Báez Cocco, Vivian  Lubrano de Castillo y Jesús María Troncoso Ferrúa. El martes cuatro fue fijado para las réplicas.

Posteriormente el tribunal procederá a emitir su sentencia en torno al alegado fraude ascendente a 74 mil millones de pesos. 

No obstante, hoy será celebrada una audiencia para conocer un recurso de oposición planteado por el Ministerio Público a la decisión del tribunal.

Al emitir su resolución, el tribunal argumentó que con la incorporación de las auditorías, los solicitantes pretenden probar el monto y uso de las facilidades otorgadas a Baninter, el impacto que tuvo esto en las finanzas del Banco Central y las finanzas de Baninter, “circunstancias que contrario a lo externado, no ameritan esclarecimiento, deviniendo las pruebas propuestas en sobreabundantes a estos fines, al haber sido presentadas pruebas documentales y testimoniales dirigidas a establecer el monto de tales facilidades y las erogaciones realizadas por el banco estatal”.

De igual manera, señalaron los jueces, que no procede en la especie la admisión de nuevas pruebas dirigidas a establecer el “quantum” del perjuicio, lo que no se traduce en una limitación a la igualdad de las partes  y a la tutela judicial efectiva de la víctima, en virtud de que la normativa procesal penal ha instituido en el artículo 345 la liquidación por estado de aquellas partidas que al momento de la decisión no puedan ser cuantificadas por la insuficiencia de pruebas aportadas.    

En cuanto al pedimento del Ministerio Público de que  se incorporen pruebas nuevas en torno a Troncoso Ferrúa, el tribunal indicó que por decisiones rendidas en fechas 28 y 29 de diciembre de 2006 se ordenó la exclusión  de la prueba número 6, copia certificada de la carta enviada por Freddy Dolores Pérez, socio fundador  de la Price Watherhouse&Coopers a  Báez Figueroa, la exclusión del peritaje preparado por Luis Aurich y la exclusión de los testimonios propuestos a excepción de José Lois Malkún, “por lo que procede rechazar las conclusiones dirigidas a permitir la incorporación de las mismas, por ser un asunto ya juzgado por este tribunal”.

En cuanto a los demás medios de pruebas que se pretenden incorporar, el tribunal señaló que “es preciso acotar que no concurren en el caso, los presupuestos previstos en el artículo 330 del Código Procesal Penal, ante la ausencia de circunstancias nuevas que ameriten esclarecimiento”.

En la audiencia de ayer, el Ministerio Público pidió al plenario aceptar la incorporación de más de 50 pruebas nuevas contra el abogado Troncoso Ferrúa, para poder sustentar la acusación formulada en su contra.

El co-imputado es acusado de violar los artículos 147, 148 y 408 del Código Penal, los artículos 34 y 18 de la Ley 72-02, así como el 80 de la Ley Monetaria y Financiera, que tipifica la  falsedad en escritura pública, de comercio o de banca, abuso de confianza, lavado de activos y ocultamiento.

Al argumentar su pedimento, los procuradores adjuntos Francisco García y Danny Germán Villalona señalaron que esas pruebas fueron acogidas por la Suprema Corte de Justicia, que tras conocer un recurso de casación anuló el auto de “no ha lugar” emitido en Instrucción y Cámara de Calificación a favor del co-imputado, y dispuso su envío por ante un juicio de fondo.

Los jueces se retiraron a deliberar a las 7:30 de la noche y regresaron pasadas las 10:30.

García pidió al tribunal que permita al Ministerio Público sustentar la acusación contra Ferrúa, quien se desempeñó como asesor legal y miembro del consejo directivo de Baninter,  al advertir que se han rechazado todas las pruebas que han pedido incorporar.

 Una vez concluida la intervención del Ministerio Público, los abogados de la defensa del co-imputado, Reynaldo Ramos y Luis Mora pidieron que se rechace tal pedimento por improcedente, mal fundado y carente de base legal.

Previamente, el tribunal retomó el pedimento hecho por los abogados de la parte civil constituida en el sentido de que se incorporen tres auditorías contra los imputados.

En la audiencia del pasado miércoles, los abogados de la Autoridad Monetaria y Financiera habían solicitado la incorporación de la auditoría de la firma Price Watherhouse&Cooper en la que supuestamente son reveladas las pérdidas que sufrió esa entidad a causa de la quiebra de Baninter. Así como dos auditorías de la firma PKF; una que establece las facilidades que le dio el Banco Central al Baninter y otra que señala cómo aconteció la liquidación del banco hasta el 31 de diciembre de 2006.

Con esta decisión concluye la fase de incorporación de pruebas documentales y testimoniales.

El consejo de abogados de la parte civil está integrada por Francisco (Pancho) Alvarez, Artagnan Pérez Méndez, Ramón  Pina Acevedo, José Lorenzo Fermín, Carlos Salcedo, Teobaldo Durán, Manuel Sierra, Tomás Hernández y Francisco Benzán.

En tanto, la barra de la defensa es conformada por Marino Vinicio (Vincho) Castillo, Vinicio y Juárez Castillo Semán, Tony Delgado, Joan Alcántara, Rolando de la Cruz Bello, Eric Raful, Santiago Rodríguez, Salvador Catrain, Reynaldo Ramos y Luis Mora, entre otros.