POR TANIA HIDALGO
El director de la Escuela del Ministerio Público, Henry Cerda, afirmó ayer que los jueces de la instrucción han sido muy «débiles» en la aplicación de las medidas coercitivas que establece el Nuevo Código Procesal Penal y que en consecuencia son muy pocas las órdenes de prisión preventiva emitidas en el país.

«Los jueces han sido muy débiles en cuanto a la aplicación de ese código, porque la mayoría, creo que por no comprometerse ante el imputado, tiende a ser débil en lo relativo a la imposición de una medida de coerción. Cuando un fiscal adjunto solicita prisión preventiva es porque tiene pruebas suficientes, sin embargo los magistrados optan por medidas más suaves», precisó.

Agregó que esa situación le hace un mal servicio al sistema de justicia porque la sociedad, cuando se comete un delito, lo que quiere es una sanción.

Añadió que esa flexibilidad de los jueces tiende a que los ciudadanos no tengan garantías en cuanto a la aplicación de la ley.

«Los jueces deben aplicar una medida acorde con la infracción», puntualizó.

En ese sentido, sugirió a la Suprema Corte de Justicia tomar en cuenta esa situación para formar, mediante seminarios, a los jueces de la instrucción y orientarlos de cómo deben aplicar una medida y cuáles elementos valorar para tomar una decisión de esa naturaleza. 

En otro orden, Cerda anunció que a partir de enero los fiscales adjuntos serán llamados a concurso y sólo se escogerán los que estén preparados adecuadamente.

Advirtió que esos fiscales adjuntos tendrá que esforzarse para aprobar los exámenes correspondientes porque «ninguno de ellos será protegido».

«Todo aquel Ministerio Público que no pase la evaluación lamentablemente no será confirmado en el cargo» indicó.

Los fiscales designados por el presidente Leonel Fernández después del 16 de agosto, explicó, son provisionales hasta tanto sean debidamente evaluados.

Aseguró que para febrero todos los miembros del ministerio publico habrán pasado por un proceso depuración, lo que implica, además, «que tienen que dejar de lado el aspecto político».

Dijo que el Consejo de Procuradores tendrá un rol preponderante en la designación de ese personal, «porque se tiene ya una disposición de que éstos permanecerán en su cargo durante cuatro años independientemente del partido político al que pertenezcan».

Insistió en que aquel los fiscales que no sobrepasen la puntuación establecida, independientemente de la categoría que tenga dentro del partido, será cancelado.

«Así como la Escuela de la Judicatura evalúa, ya de manera inicial, para ser juez de paz, así mismo se puede comenzar con un abogado para que sea un fiscalizador e ir avanzando de acuerdo a su preparación y capacitación», puntualizó.

Según el artículo 24 del Estatuto del Ministerio Público, los fiscales adjuntos serán designados por el Presidente de la República de acuerdo con la lista que le someta el Consejo Nacional de Procuradores de los optantes evaluados por la Escuela del Ministerio Público, a partir de su entrada en funcionamiento.

El funcionario manifestó que ya han sido capacitados más de 400 fiscales adjuntos en relación al nuevo Código Procesal Penal.

Dijo que antes habían si preparados 170 fiscales adjuntos, muchos de las cuales están designados en los destacamentos policiales.

Sostuvo que a ese personal se le ha instruido sobre cómo debe actuar ante la policía, la sociedad y los querellantes.

Dijo además que se está impartiendo una serie de talleres  sobre prevención de la corrupción, propiedad intelectual, litigación y otros aspectos.

Al ser preguntado sobre el aumento de la delincuencia en el país, manifestó que el procurador general Francisco Domínguez Brito está siendo un estudio, juntamente con expertos internacionales, en cuanto a la política criminal del Estado para tratar de frenar, «o más bien controlar la violencia».

«La delincuencia se ha incrementado y debemos prestarle mucha atención», indicó.

PERFIL

Henry Cerda nació en la ciudad de Santiago, es abogado, egresado de la Universidad Tecnológica de Santiago (UTESA), con maestría en Derecho Administrativo y Laboral. Es catedrático de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), la Universidad Tecnológica de Santiago (UTESA) y la Universidad Abierta para Adultos (UAPA).

Ha ocupado múltiples cargos en la administración pública, entre ellos, ayudante de fiscal en su ciudad natal y consultor jurídico de la administración de Bienes Nacionales.

Además Cerda ha publicado varios libros, entre ellos Derecho, Política y Sociedad (1996), Compendio de Derecho Administrativo (2000) y Derecho y Jurisprudencia.