Como el Procurador General de la República, Francisco  Domínguez Brito, no quiso ofrecer los nombres de los seis nuevos legisladores a los que se presume ligados al narcotráfico porque se lo prohíbe –alega– la Constitución, habrá que considerarlos a todos como sospechosos, y eso no debe haberle caído muy bien a los que se estrenan  en las lides legislativas a partir del próximo 16 de agosto, pues los mete a todos, justos y pecadores, en el mismo saco. El funcionario  declaró que el Ministerio Público le dará seguimiento al patrimonio de esos legisladores, por lo que estará muy atento a su accionar así como a las leyes que eventualmente promuevan y aprueben. ¿Cómo hará para que ese seguimiento, esa vigilancia (porque de eso es que se trata), resulte efectiva? ¿Pedirá la colaboración de los organismos de seguridad del Estado?   Eso no lo explicó el Procurador,  quien recordó que   ya estaban siendo investigados antes de ser electos, por lo  que simplemente se continuará con la investigación. En cuanto a su identidad, insistió en que no puede revelarla en atención a una disposición  constitucional, aunque aseguró que los partidos políticos  que los postularon saben perfectamente quienes son. ¿Habrá entonces que preguntarles, aunque  de antemano conozcamos la respuesta? Es una lástima que un asunto tan serio como la eventual infiltración  del Congreso Nacional por parte  del narcotráfico sea tratado como un perverso juego de adivinanzas en el que todos fingen ignorar lo que conocen de sobra.