Heriberto Morrison 
Los Juegos Olímpicos de Río 2016, el máximo evento multideportivo global cuya XXXI versión está programada para celebrarse entre el 5 y el 21 de agosto próximos, de pronto los positivos augurios sobre su realización, podrían degenerar en un gran fiasco a consecuencia de la crisis política y económica que tambalea al gobierno de la presidenta Dilma Rousseff, quien afronta un posible juicio ante acusaciones de corrupción que procuran su destitución.
Por su importancia geopolítica y comprobada eficiencia organizativa en montajes de importantes acontecimientos deportivos, principalmente los Juegos Panamericanos en Río el 2007 y el Mundial de Fútbol 2014. Para ser escogida como sede la ciudad con cerca de 12 millones de habitantes, fueron determinantes cuatro factores: experiencia, capacidad técnica, seguridad y aspecto financiero, este último renglón parecía contar con gran solidez, distinto a la actual situación de recesión por la que atraviesa la gran nación suramericana.
Faltando cerca de cinco meses para la realización del magno evento, analistas consideran que de no resolverse la presente crisis, y concretarse la destitución de Rousseff-que ocupa su segundo mandato tras ser reelegida ampliamente- la imagen de los Juegos podría recibir un golpe letal, pues se teme que la nación pudiese abocarse a una situación de ingobernabilidad por las graves contradicciones entre el oficialismo y la oposición, lo cual ha propiciado grandes movilizaciones en las calles de las diversas ciudades.
En un breve vistazo al historial de los Juegos Olímpicos modernos, se puede determinar que en varias ocasiones el aspecto meramente deportivo no ha estado solo, sino casi siempre ha sido penetrado por elementos de orden político, social y económico. Todavía se recuerdan las tensiones que depararon los Juegos de Berlín en 1936 cuando la Alemania nazi espantaba al mundo con sus pretensiones de dominio y superioridad racial.
La lucha ideológica entre los bloques hegemónicos (Este-Oeste) se hizo sentir con mayor ímpetu en los años 80, en los que hubo boicot a los Juegos Olímpicos de Moscú, Seúl y Los Ángeles. El COI hizo esfuerzos para aminorar la carga política, haciendo mayor énfasis en la financiación privada, en una pretendida mayor independencia, pero el fondo del problema continuó sin resolverse.
La representación del Estado-nación, ha continuado incidiendo. Por lo tanto, los Juegos Olímpicos tipifican la relación entre el deporte y la política. Con toda la razón los especialistas Tooheyy K. y A. Veal sostienen que la introducción del Estado como actor olímpico se sustenta en la propia estructura deportiva olímpica que establece una competición interestatal donde los deportistas no se representan a sí mismos, sino al estado-nación al que pertenecen.
Retomando a Río 2016, tenemos el caso peculiar de las tensiones a lo interno del Estado sede de los Juegos, donde una grave crisis política amenaza por echarlo todo por la borda después de extraordinarios esfuerzos e inversiones. La defensa del Gobierno ha negado que Rousseff realizara operaciones irregulares como sostienen juristas y cuatro partidos de la oposición, con el agravante de que el principal partido aliado, el centrista PMDB, al que pertenece el Vicepresidente Michel Temer, rompió su acuerdo de más de diez años con el PT, cuyo líder es el ex presidente Inacio Lula. Para complicar más el asunto, el magistrado de la Corte Suprema, acaba de determinar que Temer debe ser sometido a un juicio político por cargos de corrupción.
Para colmo de males, los miembros del Comité Organizador de los Juegos de Río declararon recientemente que hasta la fecha se han vendido menos de la mitad de todas las localidades para el evento, de un total de 7,5 millones de boletos que fueron emitidos. Este es el magro panorama que presenta la XXXI Olimpiada, cuyo destino final todavía luce incierto debido a una confrontación irracional que procura destronar a un gobierno legítimante constituido. De ocurrir lo peor, el deporte global en su vertiente de alto nivel sería el más perjudicado.
