POR TANIA HIDALGO
El juez de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Edgar Hernández Mejía, afirmó ayer que el  Código Procesal Penal es una pieza técnica avanzada y positiva, aunque precisó que  indudablemente a veces “hay ineptitud,  pocos deseos de trabajar, corrupción, y  complicidad con sectores oscuros, tanto en la esfera policial, como en el ministerio público y algunos jueces”.

Dijo no creer que todo lo que se haga de manera confusa y errada sea por ineptitud, al tiempo de señalar que en ocasiones es a propósito.

Para  Hernández Mejía “el proceso de reforma dominicano es reciente, una experiencia novedosa, que lleva una marcha aceptable, pero que no puede tener frutos apreciables a corto plazo”.

 Entrevistado en el programa semanal de la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS), que conduce su vicepresidente ejecutivo, Servio Tulio Castaños Guzmán, indicó que no se  puede aspirar a un grado de desarrollo propio de una comunidad con características diferentes a la dominicana.

 Al resaltar las bondades de la legislación, explicó que el papel de la víctima en el proceso ahora es mucho más equitativo que en el viejo Código de Procedimiento Criminal.

Empero, señaló que en ocasiones tanto la víctima como el fiscal no desempeñan su rol adecuadamente.

El magistrado criticó que en el Código Procesal Penal existen normas propias de una sociedad diferente a la República Dominicana, como aquella que se refiere a la  colocación de localizadores electrónicos, “que sólo con los apagones sería ineficaz, además de que es muy costosa”.

Asimismo, citó el caso  del “confinamiento” o prohibición de desplazarse fuera de un territorio determinado, “lo cual sólo podrá ejecutarse cuando exista una estructura que pueda fiscalizar aunque sea de manera aleatoria su cumplimiento”.

 Incluso, a su entender,  la presentación periódica ante una autoridad, que normalmente es el ministerio público, presenta dificultades porque en esa instancia, indicó, no hay una estructura instalada para esos fines.

 Por otro lado, explicó que cuando una persona que  comete un hecho delictivo le condenan penalmente y cumple su pena, se supone que está en condiciones de reinsertarse a la sociedad, pero  en la práctica hay denuncias de que a estas  personas se les colocan impedimentos tanto para sacar licencias, pasaportes, inscribirse en centros de estudios como para trabajar en algunos lugares, lo cual “no solo es un abuso, sino también ilegal”.

Hernández Mejía agregó que el Código, en sentido general, trata de que se respete al ciudadano, aunque algunos de los mecanismos que instituye resultan deslucidos porque la población percibe que tiene frutos muy limitados.

  En el conversatorio, el magistrado de la  Suprema Corte consideró que “en principio, el juez debe evaluar lo que se somete a su consideración, como está representado en la alegoría de la diosa Temis, con una venda en los ojos, y acoger lo que pese más. Pero más modernamente se dice que el juez debe tener un compromiso con la sociedad”.

Por otro lado, Hernández Mejía sostuvo que la prensa no es infalible y está sujeta a “errores e intereses”.

“En ocasiones hace campaña a favor o en contra de una normativa, con una intención o con otra. A veces de buena fe, de manera equivoca, y a veces por mandato de sectores. No hay que creer que es la voz de Dios todo lo que aparece en los medios de comunicación”, puntualizó Hernández Mejía.