El juez Alejandro Vargas, del Tribunal de Atención Permanente del Distrito Nacional, aplazó para el próximo lunes a las 10:00 de la mañana el conocimiento de la medida de coerción a los 11 imputado en la presunta venta irregular de los terrenos que hoy ocupan los habitantes del barrio Los Tres Brazos.

Vargas adoptó la decisión luego de acoger la solicitud realizada por los abogados de la defensa, a los fines de conocer mejor los expedientes.

El Ministerio Público depositara anoche la solicitud de medida de coerción, consistente en prisión preventiva, en contra de los mencionados en el caso de corrupción, fijándose para este sábado a las 12:00 del mediodía la primera audiencia.

Esta mañana fue trasladada al tribunal, tras ser interrogada por la Procuraduría de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) , la Directora Nacional de Titulación, Rosabel Castillo, quien al ser abordada por la prensa se declaró inocente de los hechos que le imputan, al tiempo que garantizó que al final la verdad resplandecerá.

Otros acusados son Leoncio Almánzar Objío, exdirector de CORDE; Irving José Cruz Crespo, ex Consultor Jurídico de esa entidad; Manuel Aybar Ferrando, ex gerente Inmobiliario, Domingo Gerardo Lebrón de los Santos, los hermanos Carlos Aris Gómez Williams y Julio César Gómez Williams, principales accionistas de la entidad comercial INFEPA.

También, Juana Ynés Gómez Williams, hermana de los imputados Gómez Williams y principal accionista y representante de la entidad comercial Proyecciones Inmobiliarias GOWI; José Enrique de Pool Dominici, principal accionista y representante de la entidad comercial TITULATEC, y los agrimensores Ana Antonia Ozuna Nolasco y Hadonis Ruiz Mella.

La Procuraduría informó en un comunicado que el grupo es imputado de participar presuntamente en la comisión de diversos actos ilícitos, entre los cuales se encuentran los tipos penales de prevaricación, abuso de jurisdicción, falsedad y uso de documentos falsos, desfalco, estafa contra el Estado y asociación de malhechores, entre otros establecidos en el Código Penal.

“Cada caso es individual, por supuesto, y las acusaciones concretas de cada caso se sustanciarán de manera particular”, señala.

Recordó que en el transcurso de la investigación de este hecho de corrupción encontraron pruebas suficientes y con méritos que vinculan a los imputados con la venta ilegal de dichos terrenos.

Indicó que la empresa que compró las tres parcelas, cuyas operaciones inmobiliarias habrían sido desarrolladas por CORDE, fueron Inversiones Fernández Parache & Asociados, INFEPA, y posteriormente esa misma empresa vendió parte de los terrenos a otra compañía, llamada TITULATEC.

Comunitarios protestan. Un grupo de personas del sector Los Tres Brazos se concentró en la zona frontal del Palacio de Justicia para pedir que los imputados sean condenados.

Los manifestantes portaban letreros y coreaban canciones alusivas a su demanda, sobre la condena a los corruptos.

«Se llevaron más de 90 millones de pesos de nuestra comunidad; Estafaron al Estado dominicano, violaron la paz y la tranquilidad de nuestra comunidad. Nosotros estamos aquí, diciéndole a los jueces, diciéndole a los fiscales, que la comunidad no va a descansar».