Un juez argentino elevó ayer a juicio, en plena campaña electoral para las presidenciales de octubre, la conocida como “causa de los cuadernos”, en la que se acusa a la expresidenta Cristina Fernández y a miembros de su Gobierno de haber recibido millonarios sobornos por parte de importantes empresarios de obra pública.
El magistrado Claudio Bonadio, que dirige la mayoría de casos de corrupción que afectan a la actual senadora, pidió también, una vez más, que la Cámara Alta apruebe quitarle sus fueros para que sea detenida y cumpla prisión preventiva, algo que, como en anteriores ocasiones, no se prevé que ocurra por el rechazo del peronismo, al que ella pertenece y que tiene gran peso parlamentario.
Aún sin fecha de comienzo, será el Tribunal Oral Federal 7 el que siente por segunda vez en el banquillo a la viuda del expresidente Néstor Kirchner (2003-2007), que ya está siendo juzgada desde mayo por supuestas irregularidades en la adjudicación de obra pública durante su mandato y está a la espera de que comiencen otras cuatro vistas orales más.
Sin embargo, la resolución de ayer cobra especial relevancia al ser la primera después de que el 11 de agosto la lista que integra Fernández como candidata a la Vicepresidencia -encabezada por el peronista Alberto Fernández- fuera la más votada en primarias.