Un juez decretó ayer que el Gobierno puede poner fin a partir del 13 de septiembre al programa que paga por el alojamiento en territorio estadounidense de familias puertorriqueñas desplazadas por el huracán María, lo que suscitó críticas de las ONG por “dejar sin techo a familias y niños».
El magistrado Timothy Hillman, titular en una corte federal de Massachusetts, rechazó una solicitud presentada por un grupo de derechos civiles que buscaba evitar que la agencia para el Manejo de Emergencias (FEMA) pudiese dar por concluido ese programa. Anteriormente, Hillman había dictado una orden temporal que obligaba a la FEMA a seguir pagando habitaciones de hoteles y moteles en que se alojan puertorriqueños.
En su fallo de ayer, el juez dio luz verde al Gobierno para poner fin al programa a partir del 13 de septiembre, aunque urgió “a las partes a trabajar juntas para encontrar alojamiento temporal u otra asistencia” a afectados.
Cuando la demanda se inició, 1,744 puertorriqueños se beneficiaban del programa en distintos puntos de EEUU. “Esta decisión es indignante y otra bofetada para miles de puertorriqueños desplazados, que han recibido un tratamiento vergonzoso del Gobierno de EE.UU. después que el huracán María casi destrozase la isla”, señaló Julio López Varona, de la ONG Center for Popular Democracy.
Según López Varona, poner fin a este programa supone dejar sin techo y a su suerte a familias con niños.