Hoy 
En medio de consignas a favor y en contra de las partes, el juez de la Décima Sala Penal del Distrito Nacional, Rafael Pacheco, canceló ayer la audiencia del proceso seguido al administrador de la Corporación Dominicana de Empresas Estatales (CDEE), César Sánchez, acusado de difamación e injuria en perjuicio del ex presidente Leonel Fernández.
El juez tomó la decisión luego de que seguidores del ex presidente Fernández comenzaran a gritar consignas como «epa’fuera que van, a mil», «César Sánchez, Fabulador» y otras consignadas momentos en que hablaba Mariano Germán Mejía, quien junto a Abel Rodríguez del Orbe, Radhamés Jiménez, César Pina Toribio y Antonio Delgado conforman la parte civil constituida.
Asimismo, militantes del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) pronunciaban mensajes a favor del funcionario.
De igual manera, decenas de seguidores del PLD se apostaron en la parte frontal del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva en apoyo al ex mandatario y candidato presidencial de esa organización política.
Un enfrentamiento se produjo cuando Manuel Ramón Aquino, quien acudió al lugar con una gorra del PRD, fue levemente agredido por militantes del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).
El juicio comenzó próximo a las 10:00 de la mañana, pero tuvo que ser suspendido minutos después a consecuencia de las confrontaciones de los grupos.
El juez Pacheco comunicó la cancelación del rol de audiencias a través de la secretaria Fadulia de la Rosa y el ministerial Liro Carvajal alegando que no existían las más mínimas condiciones para subir a estrado.
Antes de la suspensión de la audiencia, los abogados de Fernández habían pedido al juez sobreseer el proceso por falta de condiciones.
Por otro lado, Fernández presentó, a través de sus abogados, por ante la Suprema Corte de Justicia una solicitud de declinatoria por seguridad pública.
En la instancia, el ex Presidente expresa que el 28 de mayo de 2003 intimó a Sánchez para que en un plazo de 24 horas depositara documentos que probaran que tenía una cuenta abierta en el Banco Intercontinental (BANINTER) por un monto de RD$300 millones, lo que no fue cumplido vencido el plazo establecido.
Fernández indica que el 2 de junio de 2003 se querelló con constitución en parte civil contra Sánchez y el periodista Ramón Diloné, por violación en su perjuicio, de los artículos 29, 33, 46 y 47 de la Ley 6132 sobre Expresión y Difusión del Pensamiento.
Las explicaciones forman parte de una serie de detalles que el ex presidente Fernández da en su instancia a la Suprema Corte, para darle a conocer la forma en que el expediente llegó al despacho del juez Pacheco.
Sánchez es representando por los abogados Pascal Peña, Artagnan Pérez Méndez y Jorge Luis Polanco.
