SANTIAGO (AFP).- El juez chileno Juan Guzmán Tapia decidió interrogar el próximo jueves al ex dictador Augusto Pinochet, en el proceso por los crímenes de la «Operación Cóndor» que dejó cientos de desaparecidos en los países del Cono Sur, informó el tribunal.

   La fecha fue resuelta por el magistrado un día después que la Corte Suprema lo autorizó para continuar a cargo del juicio, pese a que los abogados defensores Pinochet lo recusaron.

   Guzmán Tapia pensaba interrogar a Pinochet el lunes, pero postergó ese trámite para aguardar la decisión de la Corte Suprema frente al cuestionamiento de los abogados defensores.

   Pinochet quedó sometido a juicio cuando la Corte lo privó de su fuero como ex presidente (1973-1990) el 26 de agosto, para que aclare su responsabilidad en los asesinatos y desapariciones forzadas de la «Operación Cóndor» que aplicaron las dictaduras sudamericanas en los años 70.

   Junto con la nueva fecha del interrogatorio, Guzmán Tapia estableció un plazo de 24 horas para que el Estado Mayor del Ejército -del que Pinochet fue comandante en jefe durante 25 años- determine el lugar donde se efectuará.

   El juez rechazó, además, una petición de los asesores de Pinochet para que fuera sometido a exámenes médicos antes de la «declaración indagatoria» del próximo jueves.

   El propósito de esos exámenes es determinar si el ex dictador, de 88 años, está en condiciones mentales de enfrentar el proceso, dos años después que la misma Corte Suprema lo liberó de un primer juicio por asesinatos y secuestros al aceptar que sufría una demencia moderada.

   Los abogados acusadores, en cambio, sostuvieron ante los tribunales que existen nuevos antecedentes para demostrar que Pinochet no padece un deterioro de sus facultades mentales, como lo demostraría el descubrimiento de las cuentas secretas que mantuvo en el Riggs Bank de Washington entre 1994 y 2002.

   Dentro de esa estrategia, para evitar que este segundo juicio también quede archivado sobre la base de informes psiquiátricos, los juristas que impulsan la acusación pidieron al juez Guzmán Tapia que examine el testamento de Pinochet, redactado en abril de 2002, tres meses antes de ser liberado en el proceso anterior.

   «Éste es un hecho fundamental para acreditar que Pinochet no se encuentra en estado de locura o demencia», dijo el abogado Eduardo Contreras, al entregar su petición al tribunal.

   Además del testamento, los abogados acusadores pidieron que comparezca ante el juez el notario Humberto Quezada, ante quien Pinochet formalizó el trámite y estampó su firma.

   «Como todos sabemos, es requisito absoluto para que una persona pueda testar, que el notario, que es ministro de fe, y los testigos que acompañan al testador, acrediten que se encuentra en su sano juicio», explicó Contreras.

   El testamento de Pinochet entró en escena mientras el albacea de sus bienes, Oscar Aitken, reveló que en sus cuentas secretas en Estados Unidos es posible justificar la procedencia de hasta 15 millones de dólares.

   «El dinero que tenía mi padre era producto de sus ahorros, producto de donaciones e indudablemente que también producto de las utilidades que le reportaron sus inversiones», dijo este martes el hijo menor del ex dictador, Marco Antonio Pinochet Hiriart.

   «Los montos y las cantidades no las conozco», agregó Pinochet Hiriart, tras representar a su padre en una ceremonia para recordar los 18 años del atentado del que libró ileso en 1986, en el camino que lleva hasta una de sus residencias de descanso en el Melocotón, entre las montañas de la Cordillera de Los Andes y 60 km al sureste de Santiago.

   La emboscada, que dejó cinco muertos entre los miembros de la escolta del general Pinochet, fue una operación de comandos de guerrilleros urbanos, que reivindicó el izquierdista FPMR (Frente Patriótico Manuel Rodríguez) como parte de sus acciones para terminar con la dictadura militar.