SANTIAGO (AFP).- El juez chileno Juan Guzmán Tapia concedió este lunes libertad bajo fianza al ex dictador Augusto Pinochet, solicitada por su defensa para liberarlo del arresto domiciliario impuesto en relación a la «Operación Cóndor», en medio de nuevas revelaciones sobre sus cuentas secretas en Estados Unidos, informaron fuentes judiciales.

   El magistrado fijó una fianza de 3.500 dólares y remitió la solicitud a la Corte de Apelaciones de Santiago, que deberá pronunciarse respecto al beneficio propuesto en los próximos días, de acuerdo a las fuentes.

   La defensa del ex dictador había solicitado el levantamiento del arresto domiciliario impuesto el miércoles pasado, en la mañana de este lunes, el último día que establece la legislación chilena para realizar el trámite después que se ejecuta el arresto.

   La ley chilena concede a todo procesado cinco días para solicitar su libertad y la revocación de su procesamiento, la que no obstante aún no ha sido solicitada por la defensa de Pinochet, según fuentes judiciales.

   El juez Guzmán Tapia inculpó al ex dictador chileno como autor de un asesinato y nueve secuestros atribuidos a la «Operación Cóndor», que coordinó a las dictaduras del Cono Sur en los años setenta para el exterminio de opositores.

   Pinochet, de 89 años, permanece recluido desde el miércoles en su finca costera de Los Boldos, 110 km al oeste de Santiago.

   La parte querellante esperaba que el juez no accediera a entregar este beneficio a Pinochet, ya que a su juicio «existen demasiadas diligencias pendientes» que realizar en el marco del proceso, según señaló a la AFP el abogado Eduardo Contreras.

   La solicitud de libertad será analizada por la Corte de Apelaciones de Santiago, junto a la petición de sobreseimiento del caso que presentó la defensa de Pinochet por razones de salud.

   Al mismo tiempo, el juez Guzmán Tapia debe resolver el requerimiento presentado a su vez por los abogados querellantes para que se concrete la filiación o el fichaje de Pinochet.

   El trámite, que se realiza a todos los procesados en Chile e incluye la toma de fotografías y huellas digitales, ya fue eludido una vez por Pinochet en 2001, en un anterior proceso por las 75 ejecuciones atribuidas a la «Caravana de la Muerte». 

   La petición de libertad para Pinochet ingresó al tribunal el mismo día en que se conocieron nuevas revelaciones en torno a las cuentas secretas que mantuvo en el Riggs Bank de Washington y que complican aún más su situación judicial.

   El diario El Mercurio reveló este lunes que el ex dictador intentó retirar más de 240.000 dólares en efectivo de una oficina del BankBoston de Santiago el 24 de noviembre pasado, pero fue impedido de realizar el trámite por orden del juez Sergio Muñoz.

   El magistrado investiga en Chile un eventual «enriquecimiento ilícito» durante su régimen (1973-1990), después de que el Senado de Estados Unidos revelara la existencia de cuentas bancarias a su nombre en el Riggs Bank de Washington, con depósitos de entre cuatro y ocho millones de dólares.   

   La transacción fue desmentida sin embargo por el abogado defensor de Pinochet, Pablo Rodríguez.

   «No es efectiva la información que aparece escandalosamente en el sentido que el general Pinochet hubiera realizado una diligencia de esta naturaleza. Él no se ha movido de su casa, ni ha ido al BankBoston, ni ha solicitado que se le restituyan los fondos, simplemente endosó ese documento (…) que es de pública información», aclaró.

   El intento de Pinochet por retirar dinero motivó que el juez dictara el embargo de los bienes del ex dictador y su esposa, Lucía Hiriart, según El Mercurio, que cita una resolución suya del 10 de diciembre con la que rechazó una solicitud de la defensa para dejar sin efecto la confiscación.

   Muñoz, a cargo del proceso desde hace seis meses, podría pedir el desafuero de Pinochet para encausarlo formalmente en este caso.

   El juez ya habría determinado la existencia de «presunciones fundadas» de la participación del ex dictador en fraudes tributarios y malversación de fondos públicos, de acuerdo con fuentes judiciales.

   El magistrado estableció también que Pinochet poseía varios pasaportes falsos, que habrían sido utilizados para ocultar las operaciones que realizó en el banco de Estados Unidos.

   La defensa de Pinochet sostuvo que los documentos fueron emitidos por razones de seguridad y que no llegó a usarlos.

   «Son documentos auténticos que tenía Pinochet por razones de seguridad, que nunca se usaron y que entregó voluntariamente su hijo Marco Antonio al ministro Sergio Muñoz con el objetivo de facilitar la investigación», dijo el abogo Rodríguez.