Una vez más, el Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional intentará conocer este martes la revisión de medida de coerción al exprocurador Jean Alain Rodríguez, principal implicado en el caso Medusa y acusado de dirigir un entramado de corrupción administrativa cuando estuvo al frente del Ministerio Público.

En la audiencia que se realizará a las 2:00 de la tarde, el juez Amauris Martínez escuchará los argumentos de la defensa de Jean Alain para que le retiren el arresto domiciliario y grilletes, y solo le dejen la garantía económica y el impedimento de salida.

La vista pasada fue pospuesta para hoy tras ser rechazado un incidente del imputado, que argumentaba que el órgano persecutor no le había entregado varias documentaciones que fueron entregadas anteriormente a ese juzgado, lo que el tribunal constató no era cierto.

El procurador fiscal Emmanuel Ramírez dijo que el Ministerio Público cumplió cada una de las entregas que fueron ordenadas, tanto por dependencia del órgano de persecución , como por instituciones públicas.

El fiscal aseguró que ese comportamiento de Rodríguez muestra que continúa sin estar lista para responder ante la acusación imputadas en su contra.

Otros imputados en el caso Medusa

Además de Jean Alain Rodríguez, el proceso también se sigue en contra de Alfredo Alexander Solano, ex subdirector administrativo de la institución.

También, contra el exdirector de Tecnología de la Información y la Comunicación del Ministerio Público, Javier Alejandro Forteza Ibarra, y el exdirector administrativo, Jonathan Joel Rodríguez Imbert.

Igualmente, contra Jenny Marte Peña, exencargada de Proyectos; la ex subdirectora administrativa Altagracia Guillén Calzado, así como de Rafael Antonio Mercedes Marte, exdirector de Contabilidad, y el exasesor Miguel José Moya.

Los imputados del Caso Medusa enfrentan cargos criminales por coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores y estafa contra el Estado. También, por sobornos, crímenes y delitos de alta tecnología y lavado de activos.

En este caso el Ministerio Público presentó una acusación mediante un voluminoso expediente de 12,274 páginas, acompañado de más de 3,500 pruebas, incluyendo más de 400 testigos. La acusación fue presentada contra 41 personas físicas y 22 empresas.

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