POR ROSA ALCANTARA
El presidente de la Cámara Contenciosa de la Junta Central Electoral (JCE), Salvador Ramos, admitió ayer que hay desorganización en las Oficialías del Estado Civil y atribuyó ese desorden a la propia naturaleza de la creación del Registro Civil. Negó que los miembros de la JCE «se rifen» las oficialías y dijo que esa acusación debe ser probada por quien lo alegue o lo establezca.

Asimismo, dijo que es «discutible» que el Ministerio Público como dependencia del Poder Ejecutivo intervenga en las oficialías, aunque precisó que la JCE no tiene nada que ocultar, ya que todos sus actos están bajo transparencia.

«Nosotros esperamos que se hagan las reflexiones y si entiende conveniente el Fiscal del Distrito Nacional o cualquier funcionario del gobierno que debe participar en las actividades y que esto no lesiona la autonomía democrática del sistema de partidos políticos de las elecciones nacionales, pues fundamentalmente puede ir», subrayó.

Dijo que la JCE es una caja de transparencia, de cristal, que está abierta no sólo al Ministerio Público y a la Justicia, sino a cualquier otra institución que quiera obtener informaciones sobre los actos que realiza el tribunal electoral. Ramos dijo que existen varias causas que tienden a desorganizar la misma oficina en las oficialías.

Sostuvo que todos los presidentes pasados en la JCE han tomado medidas correctivas para organizar el tribunal electoral, así como se han exigido mejores condiciones para que los oficiales de Estado Civil ocupen esas posiciones y las mismas funcionen como deben.

Dijo que la JCE ha implementado medidas que se quedan a medias por la falta de recursos económicos. Dijo que la actual gestión del presidente Leonel Fernández ha apoyado a  la Junta en el esfuerzo de automatizar y modernizar el registro electoral con la autorización de un préstamo en el Banco de Reservas.

Aseguró que las oficialías de Estado Civil dentro de un año tendrán una buena organización y la gente de manera automática y rápida podrá obtener sus documentos.

Advirtió que la JCE no tolerará ningún tipo de irregularidades ni acciones dolosas de oficiales civiles, empleados o personal subalterno que esté desarrollando cualquier actividad en ese organismo.

Ramos dijo en la entrevista con Guillermo Gómez en el programa Aeromundo, que la JCE está compuesta por un grupo de hombres y mujeres probos, honestos, que han desarrollado durante muchos años una vida decente y de conducta probada en la sociedad dominicana.

Aseguró que cada vez que un funcionario o empleado de la JCE ha cometido un error o acción dolosa, ya sea voluntaria o involuntariamente, ha sido sancionado.

Manifestó que han actuado en consonancia con lo que son las responsabilidades de la Junta y señaló el caso de la JCE del Distrito, donde precisó, se detectaron irregularidades y todos los empleados envueltos en el caso fueron sancionados y remitidos a la acción de la justicia.

Dijo que la JCE ha seguido de cerca los pasos de cada funcionario y oficial del Estado Civil en el ejercicio de sus funciones.

CASO LUIS FELIPE

Sobre las denuncias hechas por el suspendido oficial del Estado Civil de la Décimo Segunda Circunscripción, dijo que por decisión del pleno de la JCE se ordenó una investigación de las mismas y señaló que por ello inspectores investigan en el campo para determinar las supuestas irregularidades y la veracidad de su posición, para luego partiendo del informe decidir sobre las sanciones que correspondan.

«Esas medidas se están adoptando en casi todas las oficialías del país, donde estamos enviando inspectores para que se hagan investigaciones, para que se sigan de cerca los trabajos, los pasos que están dando esos oficiales de Estado Civil, revisando los libros, revisando cada uno de los actos que ellos están haciendo», manifestó.

Dijo que la JCE está celosamente siguiendo la conducta de todos los oficiales de Estado Civil.

Entiende que los oficiales de Estado Civil tienen que someterse al régimen disciplinario de la JCE.

JUECES SE RIFAN LAS OFICIALIAS

Sobre la denuncia que hizo un suplente a juez de que los jueces de la JCE se rifan las oficialías de Estado Civil, Ramos dijo confiar en que los hombres que componen el tribunal electoral son serios, transparentes, que desarrollan sus actividades dentro del marco de las atribuciones que la ley asigna.

Sostuvo que la gran mayoría de los jueces electorales no tiene la necesidad de solicitarle a un oficial de Estado Civil que le de determinada cantidad de dinero o algún tipo de favor, ya que son personas laboriosas y realizadas, que lo que hacen es cumplir con el compromiso que asumieron frente a la nación y al país.

SALARIOS A OFICIALES

Ramos dijo que la ley 659 en su artículo 109 señala que es competencia y facultad del Poder Ejecutivo asignar los salarios a los oficiales de Estado Civil cuando lo entienda conveniente y que las recaudaciones de esas entidades vayan al fisco.

Expresó que la JCE ha hecho esfuerzos en ese sentido y se han realizado estudios en todas las oficialías que han determinado que el presupuesto que se lleva para la asignaciòn de salarios a oficiales y empleados son 330 millones de pesos al año. «La JCE está en espera de que el Poder Ejecutivo lo apruebe para implementar esa partida, el estudio está hecho no es nuevo, lo hemos solicitado frecuentemente», subrayó.

Dijo que la mayoría de las oficialías están en situación paupérrima, que no  producen recursos suficientes para cubrir los salarios de los empleados. Señaló que esa situación ha provocado que la JCE pague a algunos oficiales RD$2,500 pesos.

INTERVENCION DEL FISCAL

Ramos entiende que el fiscal del Distrito Nacional tiene todo el derecho a actuar, en las oficialías de Estado Civil, si están dentro de sus atribuciones y si la ley lo autoriza a partir de la revisión del articulado de las leyes 659 y la 8-92.

Recordó que la creación de la ley 892 se aprobó con el interés de separar todas las actividades que tienen que ver con documento del Poder Ejecutivo «porque cada vez que intervenía habían acciones dolosas fraudulentas en las elecciones, y quiso pasar directamente las oficialías a un órgano de control donde el ejecutivo no interviniera entonces si nosotros observamos la parte introductoria de la ley, que señala ese pedido, y se señala que el fiscal es un funcionario del ejecutivo, y èl puede intervenir la oficialía estaríamos en la misma situaciòn que ante de la ley 8-92 cuando fundamentalmente el ejecutivo tenìa intervenido las oficialìas de Estado Civil».

Explicó que la ley 8-92 deroga toda ley que es contraria a ella misma.

Dijo que la JCE espera que se hagan las reflexiones «y si entiende conveniente el fiscal o cualquier funcionario del gobierno que debe participar en las actividades y que esto no lesione la autonomía democrática del sistema de partidos políticos de las elecciones nacionales, pues fundamentalmente puede ir».

El fiscal del Distrito Nacional, José Manuel Hernández había declarado que el presidente de la JCE instruyó a los oficiales del Registro Civil para que impida la entrada de fiscales a las oficialías de Estado Civil. El ministerio público busca investigar las irregularidades en la emisión de documentos y pasaportes oficiales de manera ilegal.