MADRID. AFP. El juez que investiga el escándalo de supuesta corrupción que implica al yerno del rey de España, se pronunciará a finales de diciembre o principios de enero sobre la imputación o no de la infanta Cristina, dijo este lunes una fuente judicial del Tribunal de Palma de Mallorca.  

El magistrado ha dado este lunes cinco días a las diferentes partes para que se pronuncien sobre una eventual imputación por fraude fiscal o blanqueo de capitales de la segunda hija del rey Juan Carlos.

El juez José Castro, que instruye el caso en el tribunal de Palma de Mallorca, deberá después pronunciarse sobre la inculpación o no de Cristina, en el marco de la investigación que implica a su esposo, Iñaki Urdangarín.

Este último es sospechoso, junto con un exsocio, de haber desviado 6,1 millones de euros de dinero público, en un caso que empaña desde hace dos años la imagen de la monarquía española.

«El plazo acabaría a mediados de la semana que viene. A partir de ese momento el juez dictaría un auto en un sentido u otro (citación como imputada o arhivo, ndlr)», explicó una fuente judicial, añadiendo que esto podría ocurrir a «finales de diciembre, principios de enero».

El juez, tras haber recibido el 5 de diciembre los últimos informes pedidos a la administración fiscal, ha solicitado este lunes a las partes «que en el término de cinco días laborables hagan las alegaciones que estimen pertinentes en relación con una hipotética citación de Doña Cristina de Borbón y Grecia para que comparezca a prestar declaración en calidad de imputada por supuestos delitos contra la Hacienda Pública y/o de blanqueo de capitales», según el auto judicial publicado este lunes.

La fiscalía había pedido, el 14 de noviembre, al juez no imputar a la hija del rey, considerando que no hay indicios suficientes contra ella. El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, había negado poco después cualquier «trato de favor» hacia la infanta.

Ya en abril, el fiscal anticorrupción del tribunal de Palma, Pedro Horrach, se había opuesto al juez Castro al presentar un recurso contra una primera imputación de Cristina, decidida por éste último, entonces por tráfico de influencias.

El recurso del fiscal fue admitido y la imputación anulada, aunque se permitió al juez abrir otra investigación para aclarar si pudo haber un posible delito fiscal o de blanqueo de capitales.

Desde entonces, el juez Castro ha continuado su investigación pidiendo a Hacienda información sobre los bienes inmobiliarios, cuentas bancarias y desclaraciones de impuestos de Cristina.

Iñaki Urdangarín, de 45 años, excampeón olímpico de balonmano reconvertido en empresario, fue imputado en 2011 por ese magistrado.

La justicia sospecha, que, junto a su exsocio Diego Torres, desvió 6,1 millones de euros de dinero público, vía el instituto Noos, una sociedad sin fines de lucro que presidió entre 2004 y 2006, que firmó contratos con las autoridades regionales de Baleares y Valencia para la organización y promoción de un congreso relacionado con el deporte.

Cristina, de 48 años, era hasta 2006 miembro del comité de dirección de Noos. La justicia se ha interesado especialmente por las cuentas de otra empresa, Aizoon, que detenta al 50% ambos esposos y que habría servido de sociedad fantasma por la que habrían pasado los fondos desviados.

Cuando el escándalo estalló en 2011, el esposo de Cristina fue apartado de las actividades oficiales de la familia real.

La infanta se mudó este año a Suiza, donde trabaja para la fundación social de La Caixa, mientras que su esposo sigue viviendo en España.