Juez denuncia le ofrecen dinero para favorecer caso

Juez denuncia le ofrecen dinero para favorecer caso

El juez  suplente del Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Franny González, se inhibió ayer de conocer la audiencia preliminar contra los principales ejecutivos de la Financiera Nacional de Crédito (Conacre).

Argumentó que una persona se le acercó en el parqueo del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva y le ofreció “una suma millonaria de dinero” en nombre de una de las partes del proceso, a quien no identificó, para que  le favoreciera con la decisión que pudiera tomar en el caso.

Explicó que la persona que se le acercó los días 3 y 9 de diciembre, a quien no conoce, se identificó como Marcos Pérez.

“Esta causa grave afecta mi imparcialidad en el proceso, así como mi independencia dentro y fuera del Poder Judicial; y más aún, mi honra, por lo que entiendo que no debo conocer el presente asunto, toda vez, que por lo dicho, la decisión tomada podría afectar tal imparcialidad e independencia”, precisó el magistrado en su resolución número 576-08-00599.

El pasado 17 de octubre, el Banco Central sometió a la justicia a los ejecutivos de Conacre, Narciso Chaljub Rizik, Roberto Torres Lara, Miguel Calzada Hernández y las sociedades C & P Servicios, S.A., e Ingeniero Narciso Chaljub y Ascooc, por alegadamente haber incurrido en  abuso de confianza, asociación de malhechores y lavado de activos, así como de violar la Ley Monetaria y Financiera. Los imputados formaban  compañías, a través de  las cuales se reciclaba el dinero, llegando a sustraer RD$175, 606,733 millones de los fondos de la institución, según una auditoría de  la  Superintendencia de Bancos.

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Coordinación

El magistrado juez suplente del Sexto Juzgado de la Instrucción, Franny  González, remitió su decisión  a la Coordinación de los Juzgados de Instrucción del Distrito Nacional, a fin  que  designe otro juez, en ese mismo juzgado, para que conozca de la presente audiencia preliminar seguida a los imputados en el caso. El magistrado adoptó la decisión en virtud de los artículos 78 y 79 del código penal dominicano.

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