La Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional impuso esta tarde presentación periódica e impedimento de salida como medidas de coerción a Rafael Martínez Taveras, acusado de hacerse pasar por embajador de la República de Liberia, concurrente en el Caribe, para estafar a personas a las que ofrecía gestiones para ocupar posiciones consulares.

Los abogados del imputado calificaron como correcta la decisión del juez José Alejandro Vargas, ya que, según los defensores, la barra acusadora “solo mostró un montón de papeles con hechos prescritos”.

Mientras que los abogados de la víctima Eliezer Pérez Díaz, quien afirma haber sido estafado por miles de dólares, manifestaron que la decisión del magistrado fue “bochornosa” y “complaciente con una persona que lleva 20 años estafando a la gente”.

Según la acusación, bajo sus falsas cualidades de diplomático, Rafael Enrique Martínez Taveras estafó a varias personas a las que prometió realizar las diligencias necesarias para recibir nombramientos en cargos consulares de Liberia. A cambio, les cobraba decenas de miles de dólares.

Conforme a las conclusiones de los fiscales que realizaron la investigación, una de las víctimas pagó la suma de US$50 mil por el cabildeo de un nombramiento como cónsul en Madrid, España.

En el allanamiento a su residencia, al imputado se le ocuparon 11 pasaportes dominicanos, un pasaporte haitiano y símbolos patrios de la República de Liberia, tales como banderas y obras talladas con el nombre de ese país, elementos que se aportarán como pruebas para su sometimiento a la justicia. Además, documentos que serán analizados durante el proceso de investigación.

Para estos hechos, el expediente atribuye la calificación jurídica provisional de Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, en violación al artículo 2 de la Ley 137-03. También, usurpación de títulos o funciones, en violación al artículo 258 del Código Penal Dominicano, y estafa contra particulares, prevista en el artículo 405 del Código Penal Dominicano y en el artículo 1 de la Ley 5869, sobre Propiedad en Violación.