Miguelina Gómez Santana, imputada de formar parte del entramado que habría estafado a más de 280 personas con la promesa del cobro de la supuesta herencia de la familia Rosario, deberá portar un grillete electrónico que la limitará a su domicilio, tendrá que pagar una garantía económica de RD$1 millón y no podrá salir del país sin autorización judicial, conforme a la decisión que emitió ayer el juez de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional.

Ante el fallo del juez Juan Francisco Consoró, el coordinador de litigación de la Fiscalía del Distrito Nacional, Denny Silvestre, indicó que el Ministerio Público, que había solicitado prisión preventiva, evaluará las motivaciones de la resolución para determinar si la apelan o no.

De su parte, el abogado de la imputada, Freddy Jiménez, manifestó que “el tribunal actuó como debió actuar”, puesto que “al ciudadano que se le violentan sus derechos fundamentales no pueden coartarlo de su libertad”.

El togado confirmó que Gómez Santana fue secretaria de la oficina de abogados de Johnny Portorreal, señalado como el presunto cabecilla del entramado de estafa y quien se encuentra prófugo luego de que recientemente fuera emitida una orden de arresto en su contra.

Las autoridades también persiguen por este caso de estafa a Hilario Amparo y Miguel de Oleo Montero, alias Miguelón.

Expediente listo. Contra todos ellos la Fiscalía de la capital ya depositó una solicitud de medidas de coerción ante la Oficina de Atención Permanente, en la que piden prisión preventiva y declaratoria de caso complejo.

La instancia, fundamentada en 553 pruebas testimoniales, indica que los querellantes denunciaron a los encartados por haberles prometido el cobro de una herencia millonaria, presuntamente ascendente a $13 mil millones de euros.

Según la Fiscalía del Distrito, los imputados dijeron a las víctimas que el dinero había sido transferido al Banco de Reservas de la República Dominicana desde las entidades financieras Santander de España y Banco Zurich, de Suiza.

El expediente instrumentado por el Ministerio Público también sostiene que el abogado Portorreal y sus asociados cobraron altas sumas dinero a las víctimas, que van desde RD$15,000 hasta RD$24,000 por persona, “con el ardid de hacer las diligencias del supuesto cobro de la falsa herencia”.