POR DIEGO PESQUEIRA
Un juez de Instrucción dictó ayer prisión preventiva de un año contra una pareja a la que se acusa de múltiples crímenes y atracos en Santo Domingo, San Cristóbal, Baní y otros lugares.

Los sentenciados son Joel Rodríguez Díaz, de 34 años, y su compañera Yosy Rossana de León Vicente, de 18.

El juez José Duvergé Mejía, del Quinto Juzgado de Instrucción de Santo Domingo, también ordenó prisión de doce meses para Luis Manuel Sánchez Vargas, propietario de la vivienda que ocupaba la pareja en el sector Sabana Perdida.

En tanto otro juez ordenó arresto de un mes para dos menores de edad, uno de los cuales confesó haber participado en al menos doce de los crímenes cometidos por la pareja.

En otra casa, la número 3 de la calle privada, del sector Los Coquitos, de Mendoza, fueron descubiertos en una fosa común los cadáveres del cabo policial Andrés D´oleo Quezada y del camionero Luis Armando Díaz Pérez.

Uno de los hijos del inculpado que habitaba la casa y que declaró haber participado junto a su padre en los atracos, confesó que las víctimas eran asesinadas y  sus cuerpos lanzados al mar, para no dejar ninguna evidencia.

Las autoridades persiguen a por lo menos otras cinco personas que junto a los detenidos integraban una asociación de malhechores, que luego de asesinar a sus víctimas la lanzaban al mar Caribe, específicamente en las inmediaciones del kilómetro 19 de la autopista Las Américas.

Los detenidos admitieron haber asesinado a dos «motoconchistas» en Baní, a quienes robaron sus motocicletas. El representante del Ministerio Público, licenciado Pedro Galarza, mostró ante el juez evidencias que comprometen la responsabilidad de los prevenidos en los asesinatos, tales como teléfonos celulares, sogas, fotos y documentos, entre otros.

Aseguró que la banda se dedicaba a sustraer vehículos, motocicletas, dinero y armas de fuego a sus víctimas.  Dijo que se teme que aparezcan otros cadáveres, a juzgar por las declaraciones hechas tanto por la joven De León Vicente como por uno de los hijos de Rodríguez Díaz.

Antes de ser introducidos a la sala de audiencias, los acusados lucían tranquilos y sin aparentes preocupaciones.

Los prevenidos fueron trasladados a los centros penitenciarios en una furgoneta Toyota Sienna, color blanco, placa I039351, fuertemente custodiados además por una camioneta Nissan Frontier, color rojo, placa I504570.

Rodríguez Díaz fue llevado al 15 de Azua, su compañera De león Vicente a Najayo Mujeres, y Sánchez Vargas a Najayo.

LA AUDIENCIA

La medida de coerción se empezó a conocer a las 3:00 de la tarde luego que el magistrado Duvergé Mejia participara en otras audiencias similares. A las 5:00 de la tarde se retiró a deliberar y 30 minutos después dictó su veredicto.

MACABRO

Uno de los hijos del señor que habitaba la casa número tres de la calle Privada, del sector Los Coquitos, de Mendoza, donde fueron descubiertos dos cadáveres, declaró haber participado junto a su padre en al menos 12 atracos en los que asesinaban a sus víctimas y posteriormente lanzaban los cuerpos al mar para no dejar ninguna evidencia. El adolescente, de 15 años de edad y cuyo nombre se omite por razones legales, admitió que junto a su padre Joel Rodríguez Díaz asesinó a puñaladas a un menor de apellido Arnaud en las proximidades de San Cristóbal.

Confesó también que en el sector de Villa Consuelo, del Distrito Nacional, para robar «tumbó» a un hombre de una pedrada en la cabeza y lo dejó moribundo.

Perfecto Acosta, fiscal de Santo Domingo, dijo que profundizará las investigaciones en busca de otros cadáveres y de otros posibles implicados. Al momento de ser trasladados al tribunal de menores desde la fiscalía de Santo Domingo, el mayor de los hermanos conversó brevemente con Acosta y se mostró tranquilo.

Al parecer, informaron fuentes judiciales, el señor Rodríguez Díaz utilizaba a sus hijos y esposa para cometer los atracos y asesinatos.

PRISIÓN PREVENTIVA

El tribunal de menores dictó prisión preventiva de un mes contra los menores de 14 y 15 años de edad.

La decisión fue adoptada por el magistrado Vinicio Abreu del tribunal de Menores.

PADRES

Los padres del cabo D´oleo Quezada pidieron a la justicia imponer todo el peso de la ley contra los matadores de su hijo.

Esteban D´oleo Encarnación, de 70 años y Guillermina Quezada, de 60, dijeron que no puede ser posible que personas de esa naturaleza sean tratadas como seres humanos.

«Queremos que se haga justicia en este caso, porque nuestro hijo era un joven bueno y trabajador», precisaron.

JEFE P.N.

El jefe policial, mayor general Bernardo Santana Páez, garantizó a los familiares del cabo D´leo Quezada, que la institución brindará todo su apoyo, así como la pensión para sus hijos.

Admitió que el cabo D´oleo Quezada, había sido cancelado en enero pasado, tras no presentarse a retirar su salario de diciembre y abandonar el servicio sin ninguna justificación, en un período en que se buscaban agentes para el Plan de Seguridad Democrática.

Dijo que su caso fue remitido al tribunal policial para profundizar las investigaciones sobre su desaparición.

«No obstante, ante esta situación, todo lo anterior ha sido revocado y sabemos que un miembro de la Policía Nacional fue muerto, por lo que sus familiares no quedaran desamparados», apuntó.

AGRADECEN

La esposa y un hermano del cabo asesinado agradecieron la intervención del mayor general Santana Páez para revocar la cancelación de su pariente y otorgar todas las garantías de seguridad social.

Celeida Montero Medina, de 26 años, y Mártires D´oleo Quezada, dijeron que habían gestionado profundizar las investigaciones sobre la desaparición del cabo D´oleo Quezada, por entender que jamás dejaría su servicio policial.

La señora Montero Medina procreó un hijo con su esposo, de nombre Cristofer, que en la actualidad apenas tiene un año y seis meses de nacido.