Los abogados de la defensa del banquero Ramón Báez Figueroa dijeron ayer que el juez que instruye el caso del Banco Intercontinental (BANINTER), Eduardo Sánchez Ortiz, se ha reunido con funcionarios del Palacio Nacional, quienes «lo presionan» para que dicte una providencia calificativa contra sus defendidos.

De acuerdo a la denuncia, los funcionarios tienen instrucciones del presidente Hipólito Mejía, de excluir a Eligio Jáquez; a la Tesorera Nacional, Pastora Méndez Fondeur y a la directora de Pro Comunidad, Ana María Acevedo, del expediente criminal que fue sometido en adición al proceso BANINTER.

El doctor Marino Vinicio Castillo (Vincho), cabeza de los abogados de Báez Figueroa, dijo que «la mano maestra» del poder Ejecutivo interfiere con el poder Judicial a través de Hernani Salazar y la esposa de éste, Eglis Esmurdoc, juez de la Suprema Corte de Justicia.

Sostuvo que al juez Sánchez Ortiz «le ponen un pie en el pescuezo… y fue tenido» laborando hasta horas de la madrugada de ayer para producir la providencia calificativa que evitaría, igualmente, la ampliación del caso BANINTER con el involucramiento de otros funcionarios.

Afirmaron que hacen presión al juez para que dicte contra Báez Figueroa sin cumplir con los procedimientos necesarios, como

con comunicar las piezas de la acusación y la obligación de celebrar una vista.

El doctor Castillo habló en rueda de prensa en su oficina de abogados en compañía de sus hijos Juárez y Vinicio Castillo Seman, y del doctor Juan Antonio Delgado, del consejo de defensa de Báez Figueroa.

«Es que están empavorecido, tienen terror, !pero faltan otros acusados!», manifestó Castillo.

Las actuaciones del Fiscal del Distrito Nacional, Máximo Aristy Caraballo, las calificó como «un encanto», pues dictamina de acuerdo a la orden que reciben de la Presidencia.

Atribuyó a la influencia de Salazar el reciente descargo obtenido por el ex jefe de la avanzada militar del presidente Mejía, coronel Pedro Julio Goico Guerrero, en el caso de la Lotería Nacional.

Previamente, agregó, hubo retiro de la acusación, con la consecuente orden del Ministerio Público de no apelar la decisión de no ha lugar dada por la jurisdicción de Instrucción en favor Goico Guerrero.

Eso se produce, señaló, contrario a lo declarado por el presidente Mejía que son sectores poderosos los que interfieren en los casos judiciales.

«El gobierno pretende desatar la ira contra Ramón Báez Figueroa por la acusación criminal que éste emprendió contra Eligio Jáquez, Pastora Méndez y Ana María Acevedo», dijo Castillo.

Además de Báez Figueroa, alega que la providencia calificativa sería contra de Marcos A. Báez Cocco, ex vicepresidente del disuelto BANINTER. Advirtió que conoce de trabajos, en otros planos, en interés de suspender la libertad bajo fianza de Báez Figueroa y Báez Cocco.

Vinicio Castillo Seman declaró que el «pánico» del gobierno en las últimas horas es porque desde el miércoles ya está apoderado formalmente como inculpado, en adición al proceso, Jáquez, Acevedo y Méndez de Fonder. El juez de instrucción, sostuvo, está obligado a conocer el expediente conjuntamente con el de Báez Figueroa.

[b]ACTO DE ALGUACIL[/b]

El consejo de defensa de Báez Figueroa informó que notificó ayer al juez Sánchez Ortiz las circunstancias denunciadas y su obligación de abstenerse de realizar cualquier actuación procesal en el presente caso.

Hacen la advertencia en virtud de que el 30 de marzo pasado tanto Báez Figueroa como Báez Cocco iniciaron por ante la Corte de Apelación de Santo Domingo el procedimiento de recusación previsto por el artículo 378 del Código de Procedimiento Civil, bajo la reserva, de que de no hacerlo, procederán a someterlo criminalmente por violación de los artículos 181 y 183 del Código Penal.

[b]MAGNITUD DENUNCIADA[/b]

Los abogados de Báez Figueroa argumentan que la alegada orden gubernamental sobre el juez Sánchez Ortiz es de tal magnitud, que el magistrado «ni siquiera» pretende cumplir con los derechos fundamentales estipulados por la resolución 1920-03 de la Suprema Corte.

Esa resolución, explican, hace indispensable que previo a dictar cualquiera providencia calificativa, el juez debe comunicar las piezas de la acusación y la obligación de conocer una vista en la se convierta el mandamiento de prevención dictado en instrucción en mandamiento definitivo de los inculpados.

Ese caso, añaden, se le aplicaría a todos aquellos acusados del proceso BANINTER que no han sido favorecidos por la libertad provisional bajo fianza y que están excarcelados por razones de salud.

Castillo advirtió que si el juez Sánchez Ortiz toma una decisión como la denunciada, sería una adefesio, que la Cámara Calificación, en un recurso de apelación, se vería en la necesidad de anularla y disponer que un nuevo juez de instrucción «haga una verdadera instrucción».

[b]AL JUEZ[/b]

Como ponerle un pie en el pescuezo calificaron los abogados de Báez Figueroa la presión que denuncian hace el gobierno contra el juez Sánchez Ortiz.

El gobierno toma esas acciones, dijeron, con un juez que es propiamente un «preso de confianza».

Se refieren a que Sánchez Ortiz tiene un juicio pendiente en la Corte de Apelación, y uno de sus abogados forma parte del equipo que representa al Banco Central en el caso Baninter.

«Es un acto de persecución de la peor clase, y una interferencia grosera en la actividad del poder judicial», expresó Castillo.

Castillo criticó el pago por adelantado que se supo públicamente el Banco Central hizo a sus abogados, en la coyuntura del fin del período gubernamental.