Juez envía Lockward y otros 37 a juicio por fraude cupones GLP

Juez envía Lockward y otros 37 a juicio por fraude cupones GLP

POR TANIA HIDALGO   
El dirigente reformista y ex secretario de Industria y Comercio Angel Lockward y otros 37 empleados y ex funcionarios de esa dependencia, así como propietarios de envasadoras de gas, fueron enviados ayer por ante un tribunal criminal por el juez liquidador interino del Segundo Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, José Alejandro Vargas Guerrero, acusados de un fraude  a través de los cupones subsidiados del programa de  Gas Licuado de Petróleo (GLP).

Tras ser notificados de la decisión en el tribunal, fueron conducidos de inmediato a la cárcel del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva , Alejandro Reyes Suriel, Antonio Morillo Rosario, María Ivelisse Segura, Enrique Isidro Medina, Plinio Ramírez Mejía, José Bello Díaz y Vidal Ferrera Sena.

Horas después fueron puestos en libertad, al acoger el juez un recursio de hábeas corpus.

El tribunal ordenó mandamiento de prisión además contra Nelson Paulino Castillo, Carmen Rosa Hernández, Ismael Antonio Díaz Báez, Moisés Benigno Villar, Angel Fernández, Angel de los Santos, Alfredo González Pérez, Aida Ondina Rodríguez, Mario Campos, Mario Alberto Campos, Pedro Juan Emilio Díaz, Angel Obdali Ortiz, Kingston Lorenzo Mercedes, Wilson Ramírez Marrero, Ramón Mateo Solano, Angel Salvador Rivas, Darío Antonio Rosario Peralta, Francisco Javier Vásquez, Silvia Melania Tejada, Tomás Rodríguez Montilla,  Franklin Benjamín Valdez, Felipe Antonio Badía, José Antonio  Ruiz del Villar, Sandra Rosario y  José Capell, quienes no comparecieron a la citación.

Asimismo, fueron enviados a juicio de fondo Roberto Duvergé, José Antonio Ruiz del Villar, Altagracia Milagros Rodríguez Reynoso, Lenin Antonio Almonte y Arnulfo Bocio Montero.

El juez determinó que existen indicios serios, graves, precisos y concordantes que comprometen la responsabilidad penal del grupo.

En la decisión número 011-06, el magistrado emitió un Auto de No Ha Lugar a favor de Rosa Eduviges Aybar de los Santos, Víctor Manzanillo Liriano y Víctor Santos Raposo.

El grupo está acusado de violar el artículo 102 de la Constitución y el 166, 170, 171, 172, 174, 265, 266 y 405 del Código Penal, en perjuicio del Estado a través de los cupones subsidiados al gas licuado de petróleo durante el gobierno del entonces presidente Hipólito Mejía.

Contra Lockward no se dictó mandamiento de prisión, ya que se encuentra en libertad provisional bajo fianza por disposición de la Suprema Corte de Justicia (SCJ).

En el expediente figuraba también  el entonces diputado por el municipio de Barahona Noé Sterling Vásquez, quien fue favorecido con un Auto de No Ha Lugar por una Cámara de Calificación de la jurisdicción privilegiada (por su condición de legislador), integrada por los magistrados Dulce María Rodríguez de Goris, Mirian Germán Brito y José Bienvenido Pérez Gómez.

En uno de los considerando el juez indica que para la decisión tomó en cuenta no sólo el informe pericial, sino  las declaraciones de la mayoría de los imputados que intervinieron  en el dispendio del gas licuado y que admiten, tanto en la Cámara de Calificación de la jurisdicción privilegiada como en el tribunal que ciertamente reportaron al Estado la venta de un gas que nunca tuvieron en existencia y por el que percibieron pagos indebidos, “es decir estafaron las finanzas públicas, razón que llevó a algunos a devolver sumas millonarias al Tesoro Público”.

De igual manera, señaló que algunos de los interrogados reconocieron que el manejo de ese programa de subsidio  estuvo matizado por el “dolo, la extorsión y la estafa” en perjuicio del Estado.

En la sentencia de 279 páginas, el juez agregó que tomó en cuenta también las declaraciones de la inculpada Carmen Rosa Hernández Abreu, quien denunció un grave caso de extorsión en contra de Lockward y dos de sus asistentes “y en este tribunal ha pretendido variar su versión, aunque el juez habrá de conferirle una mayor valoración a las declaraciones que al respecto vertiera dicha imputada en la Cámara de Calificación de la Jurisdicción Privilegiada”.

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