MADRID. AFP. El ex juez español Baltasar Garzón recurrió ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en Estrasburgo, la sentencia del Tribunal Supremo español que le inhabilitó como magistrado por haber ordenado escuchas telefónicas en una investigación por corrupción, informó hoy su abogado.

Garzón alega que «ha sido condenado en realidad por un delito inexistente en el derecho español», puesto que en España «no hay ninguna ley que regule las escuchas telefónicas», según el texto de la demanda, de más de 200 folios, del que obtuvo una copia la AFP.

Por ello, Garzón, conocido internacionalmente por la detención del ex dictador chileno Augusto Pinochet en Londres en 1998, insiste en que fue objeto de un «tratamiento penal singularizado» y que «la sentencia construye artificialmente y ad hoc la norma presuntamente violada, que sencillamente no existe».

El ex juez fue condenado el 9 de febrero de 2012 por el Tribunal Supremo a 11 años de inhabilitación profesional por haber ordenado escuchas entre presos y sus abogados, en violación del derecho a la defensa, en una investigación sobre la conocida como ‘trama Gürtel’, una presunta red de corrupción que desde 2009 salpica a altos cargos de la derecha española.

Garzón ya había recurrido esta sentencia ante el Tribunal Constitucional español que confirmó la condena en noviembre.

El ex magistrado argumenta ahora que se vulneró su «derecho a un juicio justo, al no contemplar la sentencia las pruebas (que él aportó, ndlr) sobre la prórroga de las escuchas, la actuación del ministerio fiscal que siempre las apoyó y los funcionarios de la policía que las solicitaron».

Garzón insiste en que la sentencia del Tribunal Supremo «vulnera manifiesta y gravísimamente sus derechos fundamentales» y añade que esa corte «ha partido previamente de un designio incriminador (…) vulnerando la exigencia de imparcialidad subjetiva y objetiva exigible a todo órgano jurisdiccional».

El Tribunal Supremo había «prejuzgado la cuestión de la culpabilidad del magistrado a la luz de consideraciones ajenas al juicio», afirma e insiste en que la sentencia «parece como si estuviera puesta de antemano».

Por último, Garzón cree que su condena «vulnera la independencia judicial (…) al suponer la negación de sus legítimas facultades de apreciación judicial de las pruebas y de interpretación de la leyes en el proceso de instrucción penal».