Hoy 
POR DIEGO PESQUEIRA
La República Dominicana requiere de un tribunal especializado que regule las actividades de la administración pública para completar el proceso de reforma judicial y dar mayor seguridad jurídica a los ciudadanos e inversionistas.
Así lo declaró ayer el juez del Tribunal Constitucional de España, Pascual Sala Sánchez, quien favoreció la aprobación del anteproyecto de Ley Reguladora de la Actividad de la Administración Pública, entregado el pasado martes al Poder Ejecutivo por el Comisionado de Justicia y el Programa de Apoyo a la Reforma y Modernización del Estado (PARME).
Sala Sánchez estimó que como la administración pública (el Estado) disfruta de muchos privilegios, es necesario la existencia de un tribunal donde los ciudadanos puedan acudir cuando se sientan agraviados.
A juicio del magistrado español, quien fue invitado por el Comisionado de Justicia con los auspicios del PARME, con la existencia de este tribunal se pueden controlar las «actuaciones excesivas de la administración pública.»
Sostuvo que cualquier ciudadano que quiera interponer alguna acción contra un acto de la administración pública, tendría un órgano especializado.
«Sin dudas que este tribunal especializado para regular las actividades de la administración pública y su control por los tribunales fortalecerá el estado de Derecho y el clima de seguridad jurídica», apuntó.
El contenido del anteproyecto, entregado a la primera dama Margarita Cedeño de Fernández, al presidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Subero Isa y al consultor jurídico del Poder Ejecutivo, César Pina Toribio, busca contar con órganos jurisdiccionales, independientes y especializados, que conozcan de las controversias que se presenten entre las personas y las entidades que ejercen funciones administrativas, y que de manera general protejan, sin zonas de exención, sus derechos fundamentales.
El magistrado español, al conversar con HOY, dijo que observó gran interés en los distintos estamentos dominicanos por la puesta en funcionamiento del tribunal contencioso administrativo.
Consideró que desde el Poder Judicial existe la intención por adecuar la jurisdicción contenciosa administrativa.
Explicó que la propuesta entregada al Poder Ejecutivo, que crea una nueva jurisdicción contenciosa administrativa, elimina el Tribunal Contencioso Administrativo, el Tribunal Contencioso Tributario y le quita algunas funciones a la Cámara de Cuentas.
El magistrado español Sala Sánchez, ex presidente del Tribunal Supremo Español y magistrado del Tribunal Constitucional de España, dictó varias charlas en el país a jueces y demás estamentos relacionados con el tema.
