WASHINGTON (AP) .- Un juez federal ordenó al gobierno del presidente George W. Bush que cese de impedir a un abogado reunirse con uno de los 500 detenidos en la prisión militar de la bahía de Guantánamo, en Cuba, tras citar una prolongada lista de demoras por parte de la administración.

El dictamen emitido la semana anterior por el juez estadounidense Alan Kay figura entre varios divulgados por jueces de tribunales inferiores que critican la conducta del gobierno en relación a los presos de Guantánamo. Bush firmó el 30 de diciembre la Ley de Tratamiento a los Detenidos que reduce drásticamente la capacidad de los detenidos de presentarse ante un tribunal. El gobierno intenta aplicar la nueva ley a los detenidos actuales.  Kay dijo que los casos de 11 prisioneros han estado paralizados en los tribunales desde octubre debido a que el gobierno ha cuestionado la legalidad de que un detenido presente una petición por encargo de otro.

Cincuenta y seis detenidos que se representan a sí mismos enviaron peticiones que demoraron hasta seis meses en llegar a tribunales a través del sistema de correos del ejército, según información contenida en el dictamen de Kay.

De acuerdo al juez, hasta el mes pasado, casi un año después que los 56 detenidos escribieron sus peticiones, ni uno solo de ellos se había reunido o hablado con abogados designados por los tribunales.

Kay indicó que en octubre del 2004, las cortes federales rechazaron el argumento legal del gobierno de que el acceso de los presos a los abogados «depende puramente del gusto del gobierno’’.  Al dictaminar en el caso de Salim Muhood Adem, el magistrado dijo que el ciudadano sudanés que fue arrestado en Pakistán había pedido un abogado a fines del 2004 para que lo ayudara a cuestionar su detención.

Adem informó de su deseo de conseguir un abogado a través de otro detenido en Guantánamo que contaba con un abogado.

Luego que el abogado decidió ocuparse del caso de Adem a través del Centro de Derechos Constitucionales, el gobierno dijo que necesitaba una autorización escrita antes de permitir una reunión entre el profesional del derecho y el detenido. Kay dijo que tal evidencia es difícil de obtener si el abogado no puede ver al cliente.

El juez señaló que hasta mediados del 2005, el gobierno nunca había planteado objeciones a la práctica de que un detenido pudiese iniciar una petición a través de otro preso que fuese su amigo.