Hoy 
POR TANIA HIDALGO
El juez del Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Alfredo Ríos Fabián, rechazó ayer incluir los cargos de asociación de malhechores y abuso de confianza contra el ex procurador general Víctor Céspedes Martínez, el ex procurador adjunto Francisco Cadena Moquete y la abogada Maritza Cruz González, durante el desarrollo del juicio preliminar, el cual fue aplazado para hoy a las 12:00 del día.
El magistrado tomó la decisión luego de un incidente presentado por los abogados de los acusados, Domingo Porfirio Rojas Nina, Pedro Duarte Canaán, Emigdio Valenzuela, Carlos Lorenzo Merán y Mario Hernández, en el sentido de que fuera rechazada la petición del Ministerio Público de incluir esas imputaciones, las cuales no figuraban en la acusación original ni en el acta de apertura a juicio.
El juez Ríos Fabián también declaró irregular la introducción a destiempo de nuevas pruebas, por considerar que es un atentado a los imputados.
A su salida del tribunal, Duarte Canaán solicitó al director del Departamento de Prevención de la Corrupción (DEPRECO), Octavio Líster, acudir personalmente a conocer su proceso para estrujárselo en la cara, judicialmente.
Los doctores Céspedes Martínez, Cadena Moquete y Cruz González están acusados de presunta complicidad, prevaricación y desfalco de RD$3.3 millones en perjuicio del Estado.
Hoy deberán comparecer como testigos a descargo el vicerrector de extensión de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), Franklin García Fermín, Rolando de la Cruz y Dilenia Cruz Salcedo.
Según la acusación presentada por el Ministerio Público, el 22 de mayo del 2003, Céspedes Martínez, en su condición de procurador, otorgó poder especial a Cadena Moquete, García Fermín y Cruz González, para asumir la representación del Estado en un recurso de amparo interpuesto por la Editora Listín Diario, labor por la cual le fueron pagados RD$3.3 millones.
Conforme al Ministerio Publico, Cadena Moquete no debió haber recibido pago por prestar ese servicio al Estado, en vista de que en ese momento era asalariado en su condición de funcionario de la Procuraduría General de la República.
Céspedes y Cadena están acusados de prevaricación y desfalco, hechos previstos y sancionados en los artículos 166, 167, 169, 170, 171, y 172 del Código Penal y 102 de la Constitución, mientras que Cruz González es señalada como cómplice.
