A principios de mayo, el juez federal Dana Sabraw pareció tener sentimientos encontrados sobre si parar la separación de familias en la frontera con México o no.
Le pidió al gobierno del presidente Donald Trump que explicara cómo era que las familias estaban recibiendo la audiencia que ordena la Constitución, pero también se mostró receloso de inmiscuirse demasiado con la aplicación de leyes migratorias. «Hay tantas decisiones (sobre la aplicación de ley) que tienen que hacerse, y cada una de ellas es diferente», dijo con su característica voz calmada y casi monótona. «¿Cómo puede la corte emitir una orden tan amplia, que puede tener tantas repercusiones diciendo a la procuraduría general que detenga o libere (a las familias) del todo?»
Más de siete semanas después, Sabraw demostró cómo esto era posible a través de una opinión en la que culpa al gobierno y su «tolerancia cero» por haber creado una «crisis».
Fue aun más allá del pedido inicial de la Unión Americana de Derechos Civiles (ACLU), que solicitó parar la separación familiar que Trump efectivamente estableció por su cuenta y fijó como plazo hasta este jueves para reunir a más de 2,500 padres con sus hijos.
Su insistencia por que las autoridades cumplan con el plazo fijado, mostrada en una serie de audiencias que ordenó para que las partes ofrezcan actualizaciones, ha convertido al juez de San Diego en un personaje central en un drama que ha acaparado la atención internacional con historias de infantes y adolescentes separados a la fuerza de sus padres.
Las circunstancias cambiaron radicalmente después de que la ACLU demandó al gobierno en marzo a nombre de una mujer del Congo y una brasileña que fueron separadas de sus hijos.
Tres días después de la audiencia de mayo, el secretario de Justicia Jeff Sessions anunció que la política de tolerancia cero a los ingresos sin autorización al país entró en vigor completamente, lo que conllevó a la separación de más de 2.300 niños en cinco semanas.
Sabraw, al escribir en junio que el caso podía proceder, dijo que la práctica «rompe arbitrariamente los lazos sagrados entre padres e hijos» y es «brutal, ofensivo, y no se ajusta a las ideas tradicionales de decencia y obediencia a las reglas».
El juez de 60 años nació en San Rafael, cerca de San Francisco, y creció en el área de Sacramento. Su padre fue asignado a Japón durante la Guerra de Corea, donde él conoció a su madre. Ha dicho que al crecer tuvo problemas buscando casas debido a la discriminación contra japoneses. «Debido a esa experiencia, crecí bastante consciente de las discriminaciones», dijo al diario North County Times en el 2003.