POR TANIA HIDALGO
El juez del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Román Hiciano Berroa, emitió ayer un auto de no ha lugar a favor del ex administrador de la Corporación de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), César Sánchez, acusado de un presunto fraude de más 2,000 millones de pesos de los Bonos Soberanos.

El magistrado tomó la decisión, tras argumentar que los elementos de pruebas presentados por el Ministerio Público no constituyen “en nuestro punto de vista, presupuestos que demuestren que Sánchez haya participado en los hechos puestos a su cargo”.

En su resolución, el tribunal ordenó además el cese de la medida de coerción impuesta al ex funcionario, consistente en el pago de una garantía económica de un millón de pesos, y en consecuencia que le sean devueltos la totalidad de los valores afectados más los intereses que generara.

El tribunal fue apoderado del caso, luego de que el director del Departamento de Prevención de la Corrupción (DPC), Octavio Líster, solicitara apertura a juicio preliminar contra el ex funcionario, tras acusarlo de prevaricación, desfalco y violación a la Ley 128-01 sobre Bonos Soberanos y al artículo 102 de la Constitución.

En su decisión, el juez indica que el 12 de diciembre de 2005, la licenciada Clemencia Abreu, a propósito de las investigaciones realizadas por la Procuraduría remitió a esa institución un informe en el cual explica el uso dado por el imputado, en su condición de administrador de la CDEEE a los recursos recibidos por el canje de divisas de los Bonos Soberanos.

Añade que tal como refiere el Ministerio Público en su acusación, el informe indica que el 40% de los recursos fueron destinados para el pago de nómina, el 30% para proyectos de electrificación; el 10% para trabajos diversos; el 12% para adquisición de equipos y 8% para servicios y pagos de prestamos “lo que significa que los valores de referencia fueron empleados en labores propias de la institución administrada por el imputado”.

En ese sentido, el magistrado agregó que el Ministerio Público no probó, por vía alguna, que el imputado distrajera en su provecho, o en provecho de terceros, fondos públicos”.  

En cuanto a la acusación formulada por el Ministerio Público  en el sentido de que el imputado realizó con los fondos de los bonos soberanos pagos a entidades inexistentes legalmente, pues no figuran registradas como empresas formalmente establecidas en el país, carentes incluso de RNC, el tribunal valoró la comparecencia por ante el tribunal del actual incumbente de la CDEEE, Radhamés Segura, quien, según el magistrado, identificó con claridad las empresas beneficiadas con pagos hechos por el imputado con los dineros de los bonos.

El juez dijo que en ese mismo sentido se pronunció Carlos Martínez, representante de Cocinar, uno de los beneficiados de dichos pagos, y que compareció al tribunal como testigo a descargo.  

De igual manera, indica el tribunal que “no es cierto que los dineros recibidos por el imputado por sus servicios prestados a las empresas Eléctricas Estatales del Norte y del Sur (EDENORTE y EDESUR), hayan sido bajo el empleo de maniobras dolosas, ni que éste haya abusado del poder que le fuera otorgado para apropiarse de fondos públicos, pues su designación en las empresas indicadas, fue producto de la determinación libérrima de los miembros del consejo de administración de ambas entidades empresariales”.

Precisó que la conducta del imputado podrá ser reprensible desde el punto de vista ético, más no constituye delito, “por lo que procede desestimar dicha imputación”.

César Sánchez estuvo representado legalmente por los abogados Jorge Luis Polanco y Elsa Trinidad Guillén.

De su lado, la fiscal adjunta Laura Guerrero, representante en el caso del Ministerio Público junto a Hotoniel Bonilla, calificó la decisión como un duro golpe a la lucha anticorrupción.