José Alfredo Espinal 
Santiago. – El juez Cirilo Salomón, de la Oficina de Atención Permanente de este distrito judicial, impuso este martes presentación periódica, impedimento de salida del país y el pago de RD$10 millones, como medida de coerción, a cuatro ejecutivos de una envasadora de gas propano, que explotó el 3 de octubre y mató a 11 personas, en el municipio de Licey al Medio.
La medida adoptada sobre la garantía económica fue a través de una empresa aseguradora. Los ejecutivos detenidos son Aurilio Concepción, presidente de la planta de gas de la Cooperativa de Producción y Servicios Múltiples La Económica (Coopegas), el gerente general Héctor Ramón Vásquez Sandoval, Roberto Antonio Polanco, encargado de operaciones, y Emilio Yan, encargado de la estación afectada.
El conocimiento de la medida de coerción duró aproximadamente seis horas, debido a que los abogados de los imputados pidieron habilitar una sala adicional por la gran cantidad de personas que asistieron al lugar. El juez Salomón también acogió que el caso fuera declarado complejo, como lo había solicitado el Ministerio Público.
El fiscal titular de Santiago, José Francisco Núñez, informó la semana pasada, tras el apresamiento de los cuatro ejecutivos de Coopegas, que se trataba de homicidio involuntario, por lo cual solicitó medida de coerción consistente en 8 meses de prisión preventiva.
El órgano acusador pidió también declarar el caso complejo, en virtud de la cantidad de víctimas, a fin de contar con un plazo que permita ampliar y concluir las investigaciones.
“Fallaron las tres condiciones que debe tener toda estación de expendio de combustible, que son válvula de enfriamiento, la válvula de cierre de escape y una válvula que se prenda con el encendido de un motor, y esa es la causa de lo que aquí ha ocurrido en esta tragedia que conmovió al país”, explicó el procurador fiscal José Francisco Núñez, cuando hizo el sometimiento de los ejecutivos de Coopegas.
