El juicio celebrado ayer contra los 27 acusados del crimen de siete colombianos en Paya, Baní, y que envuelve un tráfico de 1,300 kilogramos de cocaína, comenzó a develar parte de la espeluznante trama que que terminó con la ejecución de los extranjeros en la cercanía de una playa.  

El juicio fue aplazado para el jueves 10 de diciembre, por lo avanzado de la hora.

Se trata de un caso tan singular y complejo, que el Ministerio Público ha tenido que negociar con un imputado militar.

 Además, los investigadores son acusados por los imputados, que ya empiezan a revelar las situaciones relacionadas con los bienes que poseen los militares y policías, y los enfrentamientos por relaciones amorosas.

El  juez del Primer Juzgado de la Instrucción, Román Berroa Hiciano, interrogó ayer a cuatro personas: al contralmirante Edwin Dominicci Rosario, quien en su condición de entonces jefe de la División de Inteligencia de la Marina de Guerra  (M-2), investigó el caso junto a una comisión de la Policía Nacional.

Las afirmaciones de Dominicci Rosario incomodaron a los acusados que nombró como responsables del crimen, y de quienes dijo que las investigaciones los colocaban como actores, entre los que figuran el ex teniente de navío Edward  Mayobanex Rodríguez Montero,  el ex capitán Jorge Luis Chalas y el ex teniente Andrés Tapia Balbuena.

Estos reaccionaron  en una contraacusación a Dominicci Rosario, cuestionando que supuestamente tiene un inmueble valorado en RD$22 millones.

El juez Berroa Hiciano abrió el juicio a eso de las 9:00 a.m. con el general Dominicci Rosario, cuya declaración se prolongó por cinco horas y media.