MADRID. AFP. El juez español que imputó a la hija menor del rey Juan Carlos interrogaba este sábado a varios inspectores de Hacienda a petición de la fiscalía, para quien no existen indicios de fraude fiscal por parte de la infanta Cristina.

«Ha empezado por declarar la inspectora que estaba citada como testigo», explicó a la AFP una portavoz del tribunal de Palma de Mallorca, en las islas Baleares, donde el juez José Castro instruye desde julio de 2010 el denominado «caso Nóos».  La portavoz no quiso dar detalles sobre el contenido de la declaración.

Según medios españoles, la inspectora ratificó no encontrar indicios de delito por parte de la infanta y aseguró no haber sufrido presiones en su investigación.

También estaban convocados dos inspectores de la Agencia Tributaria en calidad de peritos, una responsable del grupo de delincuencia económica de la policía y un experto de Manos Limpias, la organización ultraderechista española que pidió la imputación de la infanta en el caso de presunta corrupción que pesa sobre su marido Iñaki Urdangarin.

Los tres inspectores fiscales habían llegado al juzgado poco antes de las 09H30 (08H30 GMT), ante la expectación de los medios, que mostraron imágenes de dos mujeres y un hombre, vestidos de negro y llevando maletines portadocumentos.

El juez Castro accedió a tomarles testimonio a petición del fiscal anticorrupción Pedro Horrach, contrario a la imputación de Cristina, para que expliquen informes de Hacienda según los cuales la hija menor del rey, de 48 años, no cometió delito fiscal.   Según la ley española, para que exista este delito la cuota defraudada debe superar los 120.000 euros (164.000 dólares) anuales.

Abriendo un año sombrío para una monarquía muy debilitada por los escándalos y los problemas de salud del rey, de 76 años, el juez Castro decidió el 7 de enero imputar a la infanta Cristina, séptima en la sucesión al trono de España, por «supuestos delitos fiscales y blanqueo de capitales».

Implicando por primera vez a un miembro directo de la familia real en esta investigación, la convocó a declarar el 8 de febrero. Por petición de sus abogados, la declaración de la infanta se grabará únicamente en audio y no en vídeo para evitar que se filtren imágenes, según una fuente judicial.

Urdangarin, de 46 años, exjugador de balonmano reconvertido en hombre de negocios, está imputado desde diciembre de 2011 junto a su exsocio Diego Torres de malversar 6,1 millones de euros de fondos públicos mediante el Instituto Nóos, una sociedad sin ánimo de lucro que presidió de 2004 a 2006 y en cuya junta directiva participaba la infanta.

Cristina es también copropietaria, junto a su esposo, de la empresa Aizoon, sospechosa de haber servido de pantalla.

El magistrado convocó asimismo el sábado a los representantes de siete empresas que tuvieron a Urdangarin como asesor, precisó la portavoz.