SANTIAGO (AFP).- El ex dictador chileno Augusto Pinochet fue interrogado por el juez Sergio Muñoz, que investiga el origen de sus millonarias cuentas secretas en Estados Unidos, informaron fuentes judiciales, al confirmar una versión que publicó este viernes el semanario Siete más Siete.

   El hermetismo en que se desarrolla la investigación no permitió conocer el lugar ni la fecha del interrogatorio, ni la versión que entregó al magistrado el general Pinochet, de 88 años.

   Muñoz intenta aclarar la procedencia de los depósitos de entre cuatro y ocho millones de dólares que mantuvo en el Riggs Bank de Washington entre 1994 y 2002.

   La existencia de las cuentas secretas fue revelada el pasado 15 de julio por una comisión del Senado de Estados Unidos, lo que dio lugar a la investigación iniciada en Chile a petición del Consejo de Defensa del Estado, organismo asesor del Gobierno del presidente Ricardo Lagos.

   La declaración de Pinochet ante el juez fue facilitada por sus abogados defensores, que mantienen su convicción de que en sus operaciones bancarias no hay irregularidades.

   «Todos los fondos del general Pinochet han sido adquiridos de manera perfectamente legal y no hay ningún tipo de ilegalidad, ningún tipo de fraude, ningún tipo de soborno ni cosa que se parezca», dijo este viernes el abogado Pablo Rodríguez, jefe del equipo de juristas que asesora al ex dictador.

   Es ésta la tercera vez que Pinochet comparece ante un juez en los últimos seis años, desde que dejó el poder que ejerció con mano de hierro entre 1973 y 1990.

   Su primera declaración judicial tuvo lugar en Londres, mientras se hallaba detenido, cuando el 11 de diciembre de 1998 se presentó ante el juez británico Graham Parkinson en el tribunal de Belmarsh, en el proceso por la extradición que reclamaba la justicia española.

   Después de 503 días de arresto en Londres, Pinochet volvió a Chile en marzo de 2000 y el 24 de enero del año siguiente fue interrogado por el juez Juan Guzmán Tapia, que investigaba algunos de los asesinatos y secuestros entre los más de 3.000 muertos y desaparecidos que dejó la dictadura militar.

   Ese primer proceso en Chile concluyó en julio de 2002, cuando la Corte Suprema aceptó que Pinochet padece una demencia moderada que le impedía defenderse ante los tribunales.

   Tras el descubrimiento de sus cuentas secretas, sus familiares afirmaron que el octogenario general «no recuerda» de dónde provino el dinero, pero el abogado Rodríguez adelantó que se realizaría una auditoria para entregar «una cuenta pública al país».

   El Consejo de Defensa del Estado considera que si los depósitos de Pinochet en el Riggs provinieron de donaciones, como también afirmaron sus familiares, el secreto de las cuentas podría configurar una evasión tributaria o un lavado de dinero.

   El Servicio de Impuestos Internos investiga la procedencia de 4.000 millones de pesos (6,3 millones de dólares) que no fueron declarados por Pinochet ante el organismo fiscalizador, informó este viernes el diario electrónico El Mostrador.

   En otro proceso paralelo, la Corte Suprema examinará el próximo miércoles el eventual desafuero de Pinochet, para privarlo de su inmunidad y someterlo a juicio por los crímenes de la «Operación Cóndor», que en los años 70 aplicaron las dictaduras sudamericanas para eliminar a sus opositores.

   La Corte podría insistir en su dictamen de julio de 2002 y exculpar a Pinochet por su presunta demencia, pero el interrogatorio en el caso de las cuentas secretas «cambia radicalmente la situación de cara al desafuero», sostuvo el abogado acusador Eduardo Contreras.

   «No creo que la Corte Suprema tenga ninguna otra alternativa que ratificar el desafuero», agregó Contreras.

   Si eso ocurre, el ex dictador volverá a comparecer ante el juez Guzmán Tapia, el mismo que lo mantuvo bajo arresto durante seis semanas a comienzos de 2001.

   Mediante la «Operación Cóndor», las dictaduras militares sudamericanas coordinaron sus servicios secretos de inteligencia para neutralizar a opositores izquierdistas, cientos de los cuales integran las listas de los desaparecidos en Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay.