Bello recordó que había advertido de la posibilidad de que el juez ordenara la libertad de los inculpados, debido a que ese mismo magistrado ordenó la libertad del ex banquero Leonel Almonte Vázquez

POR TANIA HIDALGO
El juez de la Sexta Sala Penal del Distrito Nacional, Sergio Antonio Ortega, dispuso la libertad mediante el conocimiento de un recurso de habeas corpus de dos de los implicados en el  asesinato de Angel Bello Pérez, en julio de 2005, cuando transitaba por el elevado de la avenida 27 de Febrero.

Tras escuchar la decisión del magistrado a favor de Franklin Román Polanco Tamares y Edward Kendrick Pérez Ramírez, los familiares indignados rompieron un banco del tribunal y agarraron parte del mueble con intención de agredir a los imputados, lo que fue impedido por varias de las personas presentes en el lugar. 

Por unos instantes el pánico se apoderó de todos los presentes en el tribunal, incluyendo a los imputados que tuvieron que refugiarse en el despacho del magistrado.

Ortega alegó que había vencido el plazo de 12 meses establecido en el artículo 241 del Código Procesal Penal como tiempo máximo para la prisión preventiva de un imputado, por lo que esa prisión devenía en ilegal.

De igual manera, el magistrado sostuvo que durante una solicitud de cese de la prisión, un tribunal impuso a los imputados el pago de una garantía económica de 10 millones de pesos en efectivos, cantidad que consideró muy elevada y que es imposible conseguir no sólo por los acusados, “sino por cualquier otro ciudadano, lo que constituye también una violación a los derechos de los acusados”.

Al escuchar la decisión, los familiares de la víctima se mostraron indignados, al tiempo de señalar que esa fue una táctica dilatoria de los abogados de los acusados que no acudían a las audiencias y buscaban cualquier excusa para solicitar un aplazamiento, logrando con ello que el conocimiento del juicio de fondo se extendiera más allá del año.

Manuel Bello y Nidia Pérez de Bello, padres de la víctima, así como los hermanos Carlos y Fermín Bello, solicitaron al presidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Subero Isa, analizar la  actuación de este magistrado.

Carlos Bello recordó que había advertido de la posibilidad de que el juez ordenara la libertad de los inculpados, debido a que ese mismo magistrado ordenó la libertad del ex banquero Leonel Almonte Vázquez, mediante un recurso de habeas corpus, al igual que a un hombre que ultimó a su sobrino en la estación de gasolina de la Independencia próximo al Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.