El juez de la Junta Central Electoral (JCE) Eddy Olivares sometió ante el pleno de ese organismo un proyecto de reglamento de  propaganda electoral que busca garantizar la equidad en el acceso a los medios de comunicación durante la campaña y  limitar la participación de entidades públicas en proselitismo.

El proyecto establece que los medios de comunicación no puedan negar o restringir sus instalaciones o servicios a cualquier organización política  que esté en disposición de pagar las tarifas acostumbradas, las que no podrán exceder el promedio de las cobradas por cada empresa durante los seis meses anteriores a la apertura de la campaña.

 Además, establece la prohibición de propaganda que promueva el abstencionismo electoral de parte de agrupaciones   que reciban fondos públicos.

El proyecto  establece que desde que la JCE se emita la proclama electoral, las instituciones del Estado estarán impedidas de realizar propaganda electoral, debiendo limitarse de una manera estricta a la orientación institucional.

Asimismo, las entidades no podrán difundir mensajes expresos o subliminales que beneficien o promuevan cualquier candidatura u organización política. Plantea además  que los programas de asistencia social deberán congelar sus nóminas  desde el día de la proclama electoral.

 La iniciativa plantea la prohibición de todo acto y uso de medios anónimos, por lo que toda propaganda deberá indicar la persona que lo autorizó.

La propuesta prevé sanción administrativa de uno a 200 salarios mínimos   y ordena al  Tribunal Superior Electoral conocer los delitos y crímenes electorales derivados del reglamento.