Buenos Aires.- Un juez argentino ordenó hoy allanar las oficinas de Odebrecht en Buenos Aires en busca de documentación para la investigación de supuestos sobreprecios en la contratación de obras públicas en 2008, confirmó a Efe la constructora brasileña.

El magistrado federal Sebastián Casanello autorizó el operativo después de que se difundiera que la Policía Federal descubrió que fueron borrados 260 archivos de un ordenador de uno de los directivos de la empresa que contenían términos relacionados con el caso.

Este miércoles, Odebrecht aseguró en una nota enviada a Efe que a principios de mayo se presentó ante la Justicia y ofreció colaborar “de forma amplia y definitiva” en las investigaciones. Asimismo, manifestó su intención de “reconquistar” la confianza de la sociedad, tras el estallido del escándalo de corrupción brasileño “Lava Jato”, mediante una actuación empresarial «íntegra, ética y transparente».

Casanello investiga presuntas irregularidades y sobreprecios en la contratación de varias empresas por parte de la estatal AySA, la mayor compañía de servicios de distribución de agua y saneamiento de Argentina, para la construcción de una planta potabilizadora en 2008.

En el caso están imputados varios funcionarios de la empresa pública -como su extitular, Carlos Ben- y representantes de firmas contratistas, entre las que se encuentra Odebrecht. Hace dos semanas, Casanello solicitó a la actual Jefatura de Gobierno información sobre posibles registros de visitas oficiales de determinados empresarios a la Casa Rosada -sede del Ejecutivo-, el Ministerio de Economía y la residencia presidencial de Olivos, a las afueras de Buenos Aires.

El juez realizó dicha petición después de que el fiscal del caso, Federico Delgado, le enviara un vídeo de 2013 que muestra brevemente cómo la entonces presidenta, Cristina Fernández (2007-2015), recibe a miembros de la constructora brasileña para mantener una reunión oficial. Según insistieron fuentes judiciales a Efe, este supuesto encuentro no supone un hecho delictivo en sí y la expresidenta tampoco está imputada en el caso, pero podría tratarse de “un indicio más” de la existencia de estas irregularidades.

La investigación comenzó a finales del pasado año a raíz de una denuncia de la diputada de centroizquierda Margarita Stolbizer por el presunto pago de sobornos de Odebrecht a AySA entre 2007 y 2014.

El Ejecutivo de Mauricio Macri afirmó hace unos días que considera que la Fiscalía argentina no está siendo efectiva en sus investigaciones y que ve necesario aclarar los supuestos hechos de corrupción relacionados con la empresa brasileña, que cuenta con importantes contratos de obra en el país.

En ese sentido, el ministro de Justicia, Germán Garavano, se reunió este martes en Buenos Aires con los abogados de la empresa para recabar información.